La diputada Annie Saborío, del Partido Liberación Nacional (PLN), llamó a sus colegas a dejar de “jugar de santos” en materia de financiamiento electoral y formuló el reto bíblico para que quien esté libre de pecado lance la primera piedra. La franqueza se agradece, pero no la generalización. Las agrupaciones políticas más comprometidas por el cuestionamiento de sus finanzas se han cuidado de extender los cargos a otras con menos culpa.
En todo caso, no hay duda de la frecuencia e importancia de las irregularidades, y la confesión de la diputada, si bien reviste la intención de procurarle al PLN la compañía de todos en el comportamiento irregular, sirve de fundamento a una pregunta esencial: ¿Qué harán los legisladores para remediar un mal tan extendido?
Se trata de fondos públicos y su mal manejo no puede ser contemplado con indiferencia. Reconocido el mal, los legisladores quedan comprometidos a encontrarle remedio para no faltar al juramento constitucional ni a la confianza depositada en ellos por los electores.
El Congreso, sin embargo, no da muestras de estar comprometido con las reformas necesarias para incrementar los controles. Un grupo de fracciones opositoras más bien apadrinó una iniciativa para disminuir la fiscalización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el dinero de los partidos políticos.
El proyecto deroga 41 artículos del Código Electoral, elimina los controles sobre el gasto del financiamiento privado y también su sujeción al principio de publicidad. Los partidos podrían, entonces, recaudar sin límites y gastar lo recaudado sin rendir cuentas porque “Lo que yo haga con mi plata, es mi plata”, para explicarlo en palabras de la libertaria Damaris Quintana. El 25% de la contribución estatal también sería invertido prácticamente por la libre, y el TSE administraría el 75% restante para financiar propaganda política.
Al menos dos de las fracciones patrocinadoras del proyecto ya se distanciaron de él. Sus posibilidades de éxito son cada día menos. Sin embargo, el Congreso no queda bien parado con la presentación de la iniciativa mientras afloran las anomalías de la campaña pasada y la diputada Saborío anda en busca de quien pueda lanzar la primera piedra.
Las irregularidades detectadas demuestran la necesidad de mejorar los controles. Los donantes privados y el Estado tienen derecho a saber el destino de sus contribuciones. El Estado, más que el derecho, tiene la obligación de velar por la correcta inversión de los fondos públicos. Las anomalías de la campaña pasada y de otras más alejadas en el tiempo demuestran la insuficiencia de los medios de fiscalización vigentes.
El TSE dispone de 15 días para girar el financiamiento a partir de informes suministrados por los partidos políticos y certificado por un contador público. Por la vía reglamentaria, instauró una revisión aleatoria que en la elección del 2010 detectó ¢4.000 millones en cobros discutibles. Si las incongruencias son muchas, la autoridad electoral hace una inspección detallada.
La importancia de los gastos cuestionados evidencia el desorden imperante y justifica la intensificación de los mecanismos de control, pero las señales salidas del Congreso apuntan en la dirección contraria. Si no es la exhortación a “dejar de jugar de santos”, es “lo que yo haga con mi plata, es mi plata” y, si no, es la preocupación de Fabio Molina, jefe de la fracción liberacionista, por “tantísima objeción” del TSE porque, “si nos ponemos con criterios de auditor, desconocemos que la política es creatividad”.
Sobra creatividad y falta quien pueda tirar la primera piedra. Mejor, entonces, establecer mecanismos idóneos para fiscalizar el gasto. De paso, no es mala idea acelerar la reforma legal para disminuir la deuda política al 0,11% del producto interno bruto (PIB) en los próximos comicios.
Si la contribución estatal se fija en el 0,19% vigente, ascendería a unos ¢43.000 millones en el 2014, más del doble de los ¢19.000 millones invertidos en el 2010, con cuestionamientos todavía pendientes sobre buena parte de ellos.