La complejidad de los procedimientos de expropiación carga, injustamente, con la culpa por el estancamiento de infinidad de obras de infraestructura, indispensables para mejorar la calidad de vida y la productividad. La telaraña legal es indefendible, pero es importante señalar el error de considerarla el único obstáculo. La burocracia, la mala adjudicación de recursos y las manías de nuestro aparato estatal también contribuyen a crear condiciones para el estancamiento.
La legislación aplicable a las expropiaciones fue modificada en el 2014, pero el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no tardó en quejarse de la insuficiencia de los cambios. Vendrán nuevas reformas, pero ninguna asegurará la disponibilidad del vehículo y la gasolina necesarias, en determinado momento, para trasladar a los funcionarios judiciales encargados de hacer una importantísima notificación, sin la cual el proceso no puede seguir su marcha. Si a la hora convenida falta el automóvil, la gasolina o los dos, la programación de la nueva gestión puede tardar tres meses.
Hay trámites más complejos, como el traslado del juez y sus auxiliares para que el Estado entre en posesión de la propiedad. En esos casos, es preciso movilizar a más personas, coordinar con el Poder Ejecutivo y hasta tener certeza de la dirección de la propiedad objeto del proceso, porque un detalle como ese puede dar al traste con la gestión.
Los procedimientos y la rectificación de cualquiera de ellos están a cargo de tan solo cinco jueces, enfrentados a centenares de expedientes cuya conducción exige muchas intervenciones de la autoridad antes de concluir los trámites. La oficina de la Procuraduría encargada de llevar los casos solo tiene dos funcionarios.
Entrevistado por La Nación, Bernardo Lara, procurador adjunto, dijo no tener duda del impacto de los factores citados sobre la duración de las expropiaciones. Con tres décadas de experiencia en el campo, el procurador está convencido de la insuficiencia de las reformas legales. “Si no está el recurso humano, la disposición y el compromiso de los funcionarios administrativos y judiciales, no habrá resultados”.
La falta de gasolina o de un vehículo puede atrasar un proceso tres meses, mientras se vuelve a programar el trámite de notificación, pero las verdaderas dimensiones del problema apenas se comprenden cuando el retraso se traslada a la obra en espera de ejecución. Se trata de infraestructura vital para el desarrollo económico del país y el bienestar de su población.
Basta con pensar en los efectos benéficos de la Circunvalación norte, con sus pasos a desnivel, y las ventajas de ampliar los puentes sobre el río Virilla en la ruta 32 y en Lindora, para entender la importancia de acelerar los procesos de expropiación, siempre con respeto a las garantías concedidas por la Constitución a la propiedad privada. Solo en esas obras hay 81 expedientes abiertos, en distintas fases de la tramitación judicial.
Mientras tanto, la ausencia de infraestructura contribuye a incrementar la contaminación, desperdicia recursos, encarece la producción y exaspera a quienes se desplazan por las congestionadas vías del país. El precio final de las obras también sube con el correr de los años, como se ha visto en prácticamente todos los proyectos. La burocracia y su mala asignación de recursos se suma a la maraña legal, en sí misma paralizante. En conjunto, tienen un altísimo costo económico y social.
La carretera a San Carlos, el tramo entre Chilamate de Sarapiquí y Vuelta Kooper, en San Carlos, para dar otros dos ejemplos, llevan años de enfrentar contratiempos por los prolongados procesos de adquisición de terrenos. Es inconcebible que parte de esos atrasos puedan ser atribuidos a minucias burocráticas.