Mientras el embalse del Arenal alcanza los niveles más bajos de los últimos 17 años, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desestimará ofertas de la empresa privada para producir 220 MW.
El concurso se abrió para adjudicar la generación de 140 MW y los empresarios respondieron con el ofrecimiento de 360 MW, más de lo pedido y menos de lo necesario para enfrentar las necesidades del país.
Mientras el país quema ¢40.000 millones en hidrocarburos para enfrentar la demanda veraniega (febrero, marzo y abril), el ICE calcula existencias de unos 1.000 megavatios de energía limpia y autóctona, explotables a corto plazo si decidimos ampliar el uso de la geotermia, y el Congreso lo permite.
Mientras el ministro de Ambiente y Energía, René Castro, advierte la posibilidad de un alza en las tarifas eléctricas por el uso de combustibles fósiles para responder a la sequía en el Arenal, la empresa privada ofrece cobrar entre $0,08 y $0,12 por kilovatio hora, cuando el costo de la planta térmica del ICE en Garabito es de $0,46.
Mientras la planta de Garabito lanza al ambiente los contaminantes producidos por la combustión de 122 millones de litros de hidrocarburos al año, los 220 MW de “exceso” ofrecidos por la empresa privada solo provendrían de proyectos eólicos e hídricos.
Mientras los generadores privados ofrecen desembolsar lo necesario para echar sus proyectos a andar, las finanzas del ICE sufren el costo de las inversiones y la creciente razón de endeudamiento impide hacerlas en cantidad suficiente para garantizar el abastecimiento y la diversificación de las fuentes energéticas.
Mientras el consumidor espera a ver si los fenómenos climáticos dan la razón al ministro y se produce un fuerte impacto sobre las economías familiares, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ya estudia un aumento del 15% solicitado por el ICE para cubrir el costo del combustible quemado en días recientes.
Mientras la página de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en Internet exhibe el estudio de la prestigiosa firma canadiense Lavalin, sobre la factibilidad de convertir las plantas de Garabito y Moín a LNG (liquified natural gas) y pagar la inversión en año y medio gracias a la rebaja en el precio, las autoridades proyectan el uso intensivo de derivados del petróleo para suplir la demanda del 2013.
Mientras países amigos, como Estados Unidos y Canadá, hallan abundantes yacimientos de LNG y ofrecen abastecimiento confiable de ese combustible, mucho más limpio y barato, Costa Rica insiste en importar derivados del petróleo, dependientes de las condiciones políticas imperantes en las regiones más inestables del planeta.
Mientras las autoridades bogotanas ofrecen a los propietarios de vehículos impulsados con energías limpias una exención de las restricciones a la circulación por el casco capitalino, en nuestro país los impuestos elevan hasta lo prohibitivo el precio de los automóviles amigables con el ambiente.
Mientras el Gobierno negocia la adquisición de buses y taxis limpios con los países orientales, en el nuestro no hay un mercado de LNG por falta del volumen necesario para justificar la importación, y nos conformaremos moviendo esos vehículos con electricidad o gas LPG (liquified petroleum gas), cuyas ventajas son menores en lo económico y en lo ambiental.
Mientras el ICE, en ausencia de una póliza de seguros, hace frente a los daños causados por las correntadas del río Reventazón en su nuevo proyecto hidroeléctrico de Siquirres, los oferentes de los 220 MW que no serán adjudicados están dispuestos a asumir el riesgo por su cuenta, cumpliendo los requisitos de viabilidad financiera y aseguramiento.
Mientras la planta hidroeléctrica de Pirrís costó $600 millones, en lugar de los $300 estimados, y la construcción tardó once años en lugar de seis, la empresa privada tendrá el estrechísimo margen de un año para completar los requisitos de los 140 MW adjudicados, incluidas las exigencias ambientales, municipales y de financiamiento.
Mientras el ministro Castro se muestra alarmado porque “la contingencia eléctrica es ya”, las plantas de los generadores privados no pueden superar 50 MW de capacidad si las construyen con el esquema BOT (construir, operar y transferir), o 20 MW si deciden operarlas durante toda su vida útil y, en conjunto, sus industrias no puede sobrepasar el 30% de la capacidad instalada nacional.
Mientras ocurren tantos sinsentidos, los proyectos de ley necesarios para establecer una política energética ajustada a las necesidades económicas y ambientales del país duermen el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa.