El Comité de Inteligencia del Senado estadounidense divulgó, el pasado martes, un escalofriante resumen del informe sobre los métodos utilizados por la CIA en la llamada “guerra contra el terrorismo”. A pesar de que partes de su contenido fueron censuradas por razones de seguridad, el documento revela un tejido de prácticas brutales, totalmente inaceptables, frente a las cuales es necesario el rendimiento de cuentas políticas y judiciales. En casos como estos, la impunidad es inaceptable.
Las 525 páginas del resumen cubren acciones de la Agencia Central de Inteligencia a partir de los atentados terroristas del 11 de setiembre del 2001 y hasta el fin de la administración de George W. Bush, en enero del 2009. Revela que, con autorización del Ejecutivo –que en algunos casos se excedió–, la CIA puso en práctica un programa sistemático de interrogatorios con torturas contra, al menos, 39 sospechosos de terrorismo detenidos en cárceles secretas fuera de Estados Unidos. En algunos casos, las torturas –llamadas, eufemísticamente, “técnicas reforzadas de interrogación”– llegaron a tales extremos, que fueron ocultadas a las autoridades del Departamento de Justicia y, por supuesto, a los principales líderes legislativos.
Cuando, durante el curso de esos años, se filtraron informaciones sobre tales violaciones a los derechos humanos, algunas autoridades, como el exvicepresidente Dick Chenney, las justificaron con el argumento de que eran necesarias para proteger al país. Además, la CIA y sus principales aliados se encargaron entonces de hacer creer que, gracias a sus métodos, habían evitado otros atentados e, incluso, obtenido información clave para eliminar a Osama Bin Laden. El informe rechaza estas justificaciones y, con base en sólida evidencia, dice que las torturas no hicieron más seguro a Estados Unidos ni condujeron a la captura de líderes terroristas importantes. Más bien, puede suponerse que lograron lo contrario, mediante la exacerbación del odio entre grupos militantes islámicos, y con un costo inaceptable y totalmente contrario a los valores que sustentan la sociedad y el sistema político estadounidenses.
La senadora demócrata Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia, afirmó que los hallazgos son “una mancha” en la historia del país. Tiene toda la razón. La divulgación del informe es un importante paso para limpiarla, y revela que los controles políticos consustanciales al sistema democrático son esenciales para denunciar y combatir los excesos que cometan instancias y personas en su seno. Preocupa, sin embargo, el cinismo con que altos exfuncionarios de la Administración Bush, autoridades del espionaje y varios legisladores republicanos han tratado de desautorizar los hallazgos de la exhaustiva investigación senatorial, y la insistencia de muchos de ellos en la necesidad de esos métodos. Esta actitud de desdén, justificación y exculpación, además de intolerable desde un punto de vista humano, no hace ningún bien a su propio país.
La gran pregunta inmediata es qué debe seguir. Hasta ahora, el presidente, Barack Obama, aunque siempre se ha manifestado con claridad contra las prácticas de tortura, y las prohibió tras llegar a la Casa Blanca, no ha censurado claramente los hechos mencionados por el informe y, menos aún, a sus posibles autores. Tampoco se sabe si habrá alguna acción judicial para investigar las responsabilidades de jefes y personal en el terreno y, eventualmente, llevarlos a juicio. Esta posibilidad parece difícil, por las presiones políticas y burocráticas. Sin embargo, no solo por su legislación interna, sino también por las obligaciones internacionales del país, los responsables deben ser llamados a cuentas. Estados Unidos se adhiere a la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, la cual es sumamente clara en sus lineamientos contra las prácticas denunciadas por el Senado, y en la obligación de procesar a los sospechosos de cometerlas.
La responsabilidad democrática no debe quedarse únicamente en la transparencia y la denuncia. Debe también abarcar las consecuencias.