Hay grandes temas nacionales, demasiados a decir verdad, donde el estancamiento es norma. Nos movemos en el rango de la mediocridad, celebrando circunstanciales y efímeros progresos o lamentando retrocesos igualmente modestos, sin reformas capaces de generar un cambio sustancial.
Ese no fue el caso, el año pasado, del rango otorgado al país por la clasificación Doing Business, del Banco Mundial, una revisión anual del clima de negocios en 190 países. Costa Rica avanzó desde el lugar 83 en la lista hasta el 60. El progreso hizo pensar en la posibilidad de nuevos logros este año, pero más bien hubo un retroceso hasta el lugar 62 de la clasificación general.
Los propios expertos del Banco Mundial señalan que el modesto retroceso no es motivo de alarma, porque es difícil mantener el progreso luego de un avance tan importante el año anterior. Sin embargo, las principales razones del revés evocan la sensación de inmovilismo de otros años. Los problemas son los mismos.
En nuestro país, la tramitación de permisos para abrir un negocio exige, en promedio, 22,5 días y es necesario visitar al menos ocho instituciones. En Chile, siete entidades públicas tramitan los permisos en 5,5 días y en Colombia solo es necesario acudir a seis instituciones, aunque los trámites se prolongan por nueve días.
El uso de plataformas electrónicas para evitar los desplazamientos físicos y otros costosos inconvenientes está entre las prácticas adoptadas por países mejor calificados. Costa Rica lleva años de impulsar iniciativas similares, a menudo con éxito, pero, de una u otra forma, otras se estrellan contra la realidad de una burocracia resistente al cambio.
Los esfuerzos del Gobierno Digital están detrás de buena parte de los logros obtenidos hasta ahora, como la apertura de una plataforma para registrar nuevos negocios, la disminución del tiempo necesario para inscribirse como patrono en la seguridad social y la simplificación de la legalización de libros. Pero algunos importantes avances se han visto frenados, como es el caso de la adopción de una plataforma uniforme para las compras del Estado.
El avance es posible y el país ha venido lográndolo. En el 2011, la apertura de un negocio requería de la inversión de 60 días, en promedio. A pesar del progreso en relación con los demás países, los costarricenses no necesitamos estudios del Banco Mundial para reconocer los vericuetos y complejidades de nuestra burocracia, así como la necesidad de racionalizarla. Cada municipalidad tiene sus requisitos, los permisos ambientales se tramitan con lentitud y la corrupción sigue exigiendo tributo en demasiados despachos de la Administración Pública.
Mejorar los trámites también implica incrementar la transparencia, un elemento de extraordinaria importancia para la competitividad. En esa tarea, la informática ofrece enormes posibilidades y ventajas probadas.
El progreso en la clasificación mundial del clima de negocios se hará más difícil según se logren nuevos avances porque los competidores también serán naciones con éxito en los esfuerzos de mejora. Las autoridades nacionales deben estudiar las debilidades detectadas por las últimas ediciones del estudio para impulsar programas encaminados a corregirlas. Ese es el caso, este año, del delicado factor del cumplimiento de contratos y la resolución de insolvencia, temas que exigen intervención legislativa.
El ministro de Economía, Welmer Ramos, señaló que nuestra presencia entre el tercio de países mejor clasificados indica la existencia de un buen clima para la atracción de inversiones. Ese clima podría ser todavía mejor si enmendáramos yerros bien conocidos desde hace años.