Dos investigadoras del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional entrevistaron a 857 alumnos de preescolar y tercer y sexto grado para medir el problema de la agresión, o bullying, en los centros educativos de Heredia. El fenómeno se presenta con demasiada frecuencia y, para mayores males, a menudo pasa inadvertido para padres y maestros.
La mitad de los alumnos de preescolar, casi la tercera parte de los de tercer grado y uno de cada diez de los de sexto reconocieron ser víctimas del abuso de sus compañeros. El resultado es alarmante y llama a intensificar la vigilancia. El Ministerio de Educación ha venido adoptando protocolos para lidiar con el problema. También existen programas orientados a promover la buena convivencia, pero los hallazgos en los centros educativos heredianos apuntan a la tarea pendiente.
La lucha contra el abuso, desde luego, no es labor exclusiva del Ministerio, los centros educativos o los maestros. El bullying es un área donde la intervención de la familia es indispensable. Los efectos del maltrato con frecuencia se notan en el hogar, con señales que van desde las más obvias, como la resistencia a ir a la escuela, hasta otras más sutiles, como el retraimiento.
La agresión física es la forma más común de abuso en el aula, los recreos y los baños, pero las investigadoras advierten sobre el impacto sicológico de todas las manifestaciones de matonismo. Ninguna ocurre sin dejar huella y el país reconoció sufrir el problema desde hace años. Estudios como el de las investigadoras de la Universidad Nacional renuevan el interés en el tema, ayudan a medir el progreso y llaman la atención sobre la tarea por hacer.
En el 2012, el Ministerio de Educación Pública (MEP) estableció el “Protocolo integrado para la atención de situaciones de violencia en los centros educativos de secundaria”. Un año después, extendió la iniciativa a los de primaria para responder al incremento de casos y al clamor de los docentes, que no disponían de un marco para el abordaje institucional del problema.
Desde entonces, las autoridades han iniciado otros programas. Además, la práctica con los primeros ya es suficiente para promover una evaluación y examinar oportunidades de perfeccionamiento. A tenor de la investigación de la Universidad Nacional, la detección del fenómeno es todavía un punto débil. Poco sirven los protocolos donde se prescribe la reacción ante el matonismo si las autoridades educativas no encuentran la forma de detectarlo.
El temor de la víctima y su poca disposición a denunciar los hechos son consustanciales al fenómeno. Por eso se habla del bullying como la “epidemia silenciosa”. El abusador impone el silencio con la advertencia de represalias y esa humillación multiplica el daño causado. Por eso no debe haber denuncia sin investigación y respuesta. El peor error de las instituciones educativas y de los docentes en particular es minimizar la importancia de un incidente observado o denunciado.
Los educadores están obligados a intervenir y no hacerlo acarrea consecuencias, pero nada sustituye el compromiso nacido de la plena comprensión del daño causado a los alumnos por la desprotección. Otro tanto puede decirse de los padres, sobre todo en nuestros tiempos, cuando la agresión no siempre cesa con el retorno a casa. El ciberbullying, o abuso perpetrado por medios electrónicos, también causa tragedias y a menudo funciona como extensión de las agresiones perpetradas en el centro educativo. En esta materia es indispensable la colaboración de la escuela y la familia, tan importante, también, para conseguir otros valiosos objetivos.