Analizados en conjunto, dos titulares recientes de este diario son motivo de profunda preocupación. Por un lado, está la buena noticia de la recuperación de la expectativa de vida, perdida durante la pandemia de covid-19. No se ha llegado al promedio de 79,9 años previstos antes del flagelo, pero ya el 2022 cerró en 79,1 años, después de la caída a 77,8 en el 2021. Por otro lado, el aumento en la duración de la vida no significa un incremento en su calidad para un alto porcentaje de adultos mayores.
Un estudio del Observatorio del Envejecimiento y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR), con base en datos de la Encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), concluye que un 26,6 % de adultos mayores viven en la pobreza. En números absolutos, se trata de 189.373 de 710.417 personas de 65 años o más.
Los ingresos de esa población son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas. De ellos, 154.101 tienen ingresos inferiores al costo de la canasta de bienes y servicios esenciales, es decir, menos de ¢117.768 por persona al mes, según la línea de pobreza estimada con datos de junio. Los 35.272 adultos mayores restantes viven en la pobreza extrema. No tienen cómo pagar la canasta básica de alimentos, con apenas 14 grupos de productos como cereales, lácteos y azúcar. En junio, el costo mensual de esa canasta, por persona, era de ¢58.545.
El porcentaje de pobreza entre los adultos mayores es significativamente superior a la estadística general (un 23 %, según el INEC). La condición socioeconómica de esas personas se agrava debido a la falta de oportunidades en el mercado laboral y los quebrantos de salud comunes a su edad.
Según el estudio, la cantidad de personas mayores dependientes de la población de entre 15 y 64 años aumentó de 11 por cada 100 personas en edad de trabajar, en el 2010, a 20 por cada 100 en el 2022. El fenómeno se debe al rápido envejecimiento de la población, pero las carencias más dramáticas aquejan a quienes del todo no cuentan con una red de apoyo para enfrentar la vejez.
Las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rondan los ¢82.000, muy por debajo del costo de la canasta de bienes y servicios esenciales. En muchos casos, ese ingreso es el único a disposición del anciano sometido durante largos años a la informalidad del mercado laboral costarricense, sobre todo, en áreas como la agricultura y el empleo doméstico.
En el terreno de la informalidad, sembramos las angustias de los ancianos del futuro. Alrededor del 45 % de los trabajadores nacionales tienen un empleo informal, lo cual representa poco menos de un millón de personas. Para una población sometida a un acelerado cambio demográfico, las soluciones se alejarán cada día más si el esfuerzo de rectificación no comienza de inmediato.
El abandono, la desnutrición, la disminución de la autoestima, el deterioro de la salud y la agresión de que muchos adultos mayores son víctimas aceleran el envejecimiento y causan padecimientos mentales, entre ellos la depresión. El aumento de la expectativa de vida, en estos casos, puede verse como la prolongación de tantos sufrimientos.
La medicina costarricense consiguió extender la vida hasta niveles del primer mundo, pero la sociedad está lejos de asegurar el aprovechamiento de los años ganados con la dignidad, el respeto y el disfrute merecidos. Si al porcentaje de adultos mayores en condición de pobreza sumamos a los que se ubican en la frontera de la definición adoptada por los estadísticos, la dimensión de la ansiedad se hace evidente.