La salida de Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia y su sustitución por el exdiputado del PAC Sergio Alfaro, quien al momento de su nombramiento se desempeñaba como presidente ejecutivo del INS, ha sido una decisión positiva. Genera esperanzas sobre la posibilidad de que el Gobierno mejore su desempeño político, coordinación interna y capacidad de interlocución con los diputados, partidos y otros actores sociales. Sin embargo, los resultados finales no dependerán tanto del nuevo titular de esa cartera, sino del presidente, Luis Guillermo Solís.
Melvin Jiménez se incorporó al gabinete sin ninguna experiencia política, ni en cargos ejecutivos ni de elección popular. Ser obispo de la rama costarricense de la Iglesia luterana, activista de grupos sociales (sobre todo contra el TLC entre Centroamérica y Estados Unidos ) y amigo fiel de Solís, pueden ser cualidades apreciables para ejercer otras tareas; sin embargo, distan mucho de las necesarias para actuar como uno de los ejes claves para la articulación gubernamental y, sobre todo, su proyección legislativa.
El desempeño de Jiménez demostró con inusual rapidez que no estaba a la altura de tan delicado cargo. Las señales fueron reiteradas y evidentes, sobre todo por la virtual ruptura de la interacción con la Asamblea Legislativa, la desarticulación en los contactos con grupos externos, la poca coordinación del gabinete y una evidente dificultad para evitar y manejar las crisis; peor aún, muchas salieron de su despacho.
Pocas semanas después de que la administración Solís asumió el poder, el 8 de mayo del pasado año, los llamados para un cambio no se hicieron esperar, tanto desde las tiendas opositoras como, incluso, desde las curules y mediante declaraciones de varios diputados del Partido Acción Ciudadana y cuidadosos reclamos (nunca públicos) de otros ministros.
El error original de nombrar a Jiménez creció con la empecinada decisión de mantenerlo. El Gobierno incurrió en un costo innecesario, el cual creció durante el proceso de relevo por versiones contradictorias sobre la inminente salida, además de declaraciones y “recomendaciones” del diputado oficialista Víctor Morales Zapata, el más cercano al presidente. En buena hora Solís le enmendó la plana, pero el daño estaba hecho.
Como nuevo jerarca, Alfaro muestra atestados mucho más afines con tan delicado cargo: tiene experiencia política, pertenece al partido oficial desde su fundación, se ha desempeñado en cargos ejecutivos y, como abogado, conoce mucho mejor la estructura y desempeño del Estado, así como su enmarañada estructura de instituciones y compleja red de relaciones con otros actores. Además, llega a la Presidencia con una saludable perspectiva externa, que lo ayudará a perfilar mejor los desafíos gubernamentales e introducirá una bocanada de aire fresco en un círculo íntimo presidencial que ha estado definido, condicionado y limitado por amistades y lealtades personales.
Por todo lo anterior, hay razones para tener buenas expectativas sobre su desenvolvimiento, su impacto positivo en el Gobierno y, sobre todo, en el país. Sin embargo, su aporte podrá verse neutralizado –o su potencial muy limitado– si no hay cambios de mayor calado. Uno, indispensable, es definir un verdadero rumbo dentro del Ejecutivo, que vaya más allá de recitar valores adjetivos, como “cambio” y “nueva política”, y establecer cuál es la visión y orientación sustantiva de lo que se quiere hacer. No nos referimos al Plan Nacional de Desarrollo, sino al conjunto de prioridades básicas de la administración, indispensables para dar coherencia a un gabinete heterogéneo, articular la agenda pública, desarrollar las negociaciones legislativas y orientar los diálogos con sectores.
Todo lo anterior solo dependerá en parte del nuevo ministro. El gran responsable es el presidente de la República. Su abordaje, hasta ahora, se ha caracterizado por una concentración en aspectos simbólicos y ceremoniales, una actitud más reactiva que proactiva, un desapego de la gestión política sistemática de alto nivel y una persistente falta de atención a la coordinación y desempeño. Hay ocasiones, incluso, en que el presidente actúa como si fuera un agente externo dentro de su propio gobierno, no el conductor y responsable final de lo que este proponga y decida.
Nuestra expectativa –que creemos comparte una gran cantidad de ciudadanos– es que, al cumplirse el primer año de administración, haya un golpe de timón más claro, que no solo pase por un mejor ministro de la Presidencia, sino por una reestructuración más amplia de equipos y, especialmente, de visión y articulación al más alto nivel del Ejecutivo, es decir, la presidencia de la República.