El diputado Ronny Monge, del Partido Liberación Nacional, contrató entre sus asesores al esposo de su compañera de bancada Karla Prendas. Ella le correspondió con la asignación de una plaza de jefa de despacho para Shirley Calvo, su exjerarca en la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco), quien trabaja para Monge.
Monge, al parecer, ganó un asesor, pero la transacción permitió la colocación de dos personas cercanas a Prendas en la planilla de la Asamblea Legislativa, y la diputada no se vio en el compromiso de nombrar a su esposo en una de las cinco plazas puestas a su disposición. Monge justifica la contratación por el profesionalismo de Leiner Vásquez, esposo de Prendas y funcionario del Consejo de Transporte Público. Prendas hace lo propio señalando que los asesores no son de los diputados, sino de la fracción y, en consecuencia, Calvo también trabaja para ella. Sin embargo, la plaza de la exdirectora de Dinadeco es una de las cinco asignadas a la legisladora y las fracciones se reservan un número de puestos para el trabajo conjunto.
Los dos legisladores coinciden en un punto: todo es perfectamente normal. También es legal porque las normas vigentes contra el nepotismo no alcanzan a la Asamblea Legislativa. En ambos casos tienen razón. El marco legal, a cuyo amparo los nombramientos del Congreso se hacen sin los requisitos y prohibiciones existentes en otros ámbitos de la burocracia estatal, debe ser reformado para cambiar la “normalidad” imperante en la Asamblea Legislativa.
La condena del nepotismo se encuentra en todas las jerarquías de la norma jurídica, desde la Constitución hasta los reglamentos aplicables a la contratación administrativa, pasando por la ley y, desde luego, la costumbre. No cabe discusión, entonces, de la incompatibilidad entre el nepotismo y los valores vigentes en nuestra sociedad, como queda claro por la fijación objetiva de esos valores en tantas normas jurídicas.
Tan normal es el nepotismo en el Congreso que durante la administración pasada 15 diputados de Liberación Nacional, Movimiento Libertario y Accesibilidad sin Exclusión contrataron a cónyuges, hijos, sobrinos y hermanos. Elogiar las capacidades de los contratados es una respuesta usual ante cualquier cuestionamiento. No es fácil rebatirla, porque el mejor ubicado para evaluar los servicios prestados es el propio legislador.
La segunda parte de la defensa es recordar la clasificación de los asesores como “personal de confianza”, razón por la cual Luis Gerardo Villanueva, expresidente de la Asamblea Legislativa, no encontraba impedimentos éticos a la contratación de parientes.
Los vínculos de sangre y amistad crean confianza, no cabe la menor duda, pero lo mismo podría argumentarse en otras instituciones públicas donde la ley impide la contratación de parientes por decisión del propio Congreso, tan renuente a recetarse la misma medicina. En la Asamblea legislativa, por otra parte, la coincidencia entre confianza (o parentesco) y habilidad para desempeñar el cargo de asesor es sorprendentemente frecuente.
La ley permite los nombramientos, pero surgen dudas en el plano de la ética. En ese aspecto, la Asamblea Legislativa tiene una deuda contraída en el 2009, cuando la Sala Constitucional le conminó para tramitar un proyecto de ley sobre probidad de los miembros del primer poder de la República.
La reforma permitiría sancionar a los diputados que se aparten del deber de probidad, pero serían necesarias otras enmiendas para extender al Congreso las prohibiciones vigentes para la contratación de personal en otras instituciones. Los legisladores deberían ocuparse de ambas enmiendas con premura si les interesa restablecer el prestigio de la Asamblea.
El buen nombre del Congreso no es la única razón para eliminar ciertas consideraciones personales de los procesos de contratación. Las debilidades técnicas del proceso legislativo son admitidas por propios y extraños cuando monumentales errores en el producto no dejan más remedio.