Visto el menosprecio por la libertad de expresión ínsito en la tentativa de proyecto de ley de radio y televisión, es inevitable advertir, en el mejor de los casos, el preocupante desconocimiento del Gobierno sobre la materia que pretende regular. Para disimularlo, el viceministro Allan Ruiz, autor de la iniciativa, dijo haberle incorporado “lo que se está discutiendo en foros mundiales”.
Pero nadie en el mundo está discutiendo las cortapisas a la libertad de expresión contenidas en el proyecto del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), con la salvedad de un puñado de países, varios de ellos sudamericanos, y los foros adonde llevan la voz cantante.
Interesaría saber si allí se encuentran las fuentes de inspiración del viceministro y su equipo para proponer el control administrativo de las buenas costumbres, el lenguaje vulgar, las informaciones alarmantes y la verdad, otorgándole potestades al Poder Ejecutivo para imponer graves sanciones, incluida la clausura de estaciones de radio y televisoras.
Fuera del ámbito de los gobiernos autoritarios, las tendencias internacionales son muy diferentes, pero el viceministro y su equipo las pasaron por alto sin decir agua va. Tomemos, por ejemplo, la consideración dispensada en las democracias modernas al tema de la verdad.
Desde el histórico caso Sullivan, en 1964, el mundo evoluciona hacia la doctrina que establece la tolerancia de la falsedad no intencionada con tal de ampliar las latitudes del debate democrático. Cada país, a su manera, incluyendo el nuestro por la vía de la jurisprudencia, ha venido adoptando el principio expresado por el Tribunal Constitucional español con claridad meridiana: “De imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio”.
El principio lo aplican los tribunales, conformados según los lineamientos de la Constitución, generalmente en los casos de faltas contra el honor y nunca con la consecuencia del cierre de un medio de comunicación. Por el contrario, en las bases del fallo Sullivan está la preocupación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia estadounidense por la posibilidad de cierre del New York Times bajo el peso de las excesivas indemnizaciones concedidas por jurados sureños a los policías acusados de perseguir a Martin Luther King y a otros activistas de los derechos civiles.
Lo dicho subraya la monstruosidad de un proyecto de ley que concede al Poder Ejecutivo la potestad de determinar la “verdad”, multar a quien opine diferente, cerrar el medio de comunicación si reincide e incautar sus bienes, todo en sede administrativa, con escasa posibilidad de defensa y sin remedio contra las llamadas “medidas cautelares”, que incluyen la “incautación de los equipos” y “la clausura de la estación radiodifusora”, “antes o durante el procedimiento administrativo sancionador”, sin siquiera notificar al “presunto infractor”.
La iniciativa del Viceministerio es un sueño autoritario, absolutamente incompatible con la larga tradición de respeto a la libertad de expresión en Costa Rica. No importa cuáles fueron sus fuentes de inspiración “internacionales” –y probablemente estaremos para siempre condenados a sospecharlas– es seguro decir que no fueron las mejores.
El misterio mayor es por qué pasaron por alto la mejor doctrina, ampliamente disponible, para abrazarse a los principios del Estado autoritario. Es difícil atribuirlo a un accidente o a la simple ignorancia. Si la intención hubiera sido –y nadie en su sano juicio puede creerlo– someter a discusión los planteamientos que se analizan en los foros internacionales, como dijo el viceministro, ¿por qué no escoger los mejores, los más aptos para ampliar la libertad y profundizar nuestras tradiciones democráticas, sobre todo si constituyen la doctrina dominante? Es difícil creer en tan extrañas casualidades.