A estas alturas, las pérdidas son, probablemente, inevitables. El régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene en inventario 57 propiedades valoradas en ¢1370 millones, algunas de ellas desde el 2002. Son bienes recibidos o adjudicados para saldar deudas con el régimen, y algunos apenas reciben un mantenimiento mínimo, incapaz de frenar por completo el deterioro.
Dinorah Garro, interventora de la Gerencia de Pensiones, se pregunta por qué las propiedades siguen ociosas, en posesión del IVM, cuando debieron ser liquidadas para invertir el dinero en beneficio de los pensionados. Para responder a la pregunta, lanzó una investigación de lo sucedido en el transcurso de tanto tiempo. La investigación no parte de cero. La funcionaria no descarta que la situación responda a simple falta de interés por el estado de los inmuebles y el uso al que están sometidos. Hay viviendas adjudicadas al régimen, desde hace tiempo, pero todavía habitadas por propietarios incapaces de pagar sus préstamos.
Si la hipótesis de la interventora es correcta, como parece probable, el caso de los inmuebles se suma a una larga cadena de confirmaciones de la necesidad de intervenir la Gerencia de Pensiones, como lo acordó la junta directiva de la CCSS el 8 de diciembre pasado. También contribuye a justificar las suspicacias relacionadas con la salud del régimen en general y los cuestionamientos formulados por la Superintendencia de Pensiones y la Asamblea Legislativa, cuyos integrantes crearon una comisión investigadora especial.
La suma en juego, aunque cuantiosa, palidece frente a los activos totales del régimen. Lo mismo puede decirse de otras cifras cuya revelación inquietó a la opinión pública en los últimos meses. Pero tantos cuestionamientos sobre la salud de las ramas hacen temer por el bienestar del tronco, sobre todo cuando la sostenibilidad del régimen ha sido objeto de dudas en los despachos de la Supén.
En tiempos recientes, la Gerencia de Pensiones generó titulares por el acelerado y costoso crecimiento de su planilla, la pérdida habida por la reducción de intereses de la cartera hipotecaria en el marco del Plan Escudo --promovido para enfrentar la crisis económica internacional-- y el uso de intereses generados por el fondo de IVM para pagar gastos corrientes, como los ¢28 294 millones destinados a los aguinaldos de diciembre. En el 2009, la Caja utilizó otros ¢6000 millones para pagar pensiones. Según la institución, los intereses no pertenecen, “en un primer momento”, al fondo de pensiones, aunque con el tiempo los sobrantes pasan a engrosarlo. Esa explicación no satisface a la Supén.
También fue motivo de debate y hasta indignación en el Congreso la negación de la existencia de un plan para invertir los fondos en el extranjero, cuando en su momento se supo de la existencia de un proyecto de contrato con el Banco Mundial. La suma de pérdidas y medidas de emergencia para satisfacer necesidades inmediatas alcanza ya sumas importantes, aun para un fondo de esas dimensiones, y las faltas a la transparencia, como en el caso del Banco Mundial, se proyectan sobre la totalidad del régimen, sin contar con el debate entre Supén y la Caja sobre peticiones de información no satisfechas y la tardanza para decidir la intervención.
Durante meses, la Caja insistió en la normalidad de las operaciones, pero, en diciembre, cuando la junta directiva dispuso suspender al gerente e intervenir el Departamento de Pensiones, el director jurídico de la institución, Gílbert Alfaro, admitió que “desde junio de este año se han recibido informes de auditoría que señalan situaciones en la Gerencia de Pensiones que ahora vamos a investigar”. La Caja tardó medio año en hacer caso a las observaciones de su propia auditoría. En esas circunstancias, está más que justificado el escepticismo de quienes exigen un examen mucho más profundo del régimen encargado de la vejez digna de cientos de miles de cotizantes.