El Colegio de Abogados mide los conocimientos jurídicos básicos de los aspirantes a la incorporación por medio de un examen, requisito indispensable para ejercer la profesión. Son preguntas sencillas y los recién graduados no deberían encontrar dificultad alguna para contestarlas, pero solo 338 de 1.126 lograron pasar la prueba en noviembre del 2015.
Los resultados alarman. Los abogados intervienen en múltiples ámbitos de la vida cotidiana y de ellos depende el funcionamiento del Poder Judicial, elemento indispensable del Estado democrático. El mal ejercicio de la abogacía y el notariado pone en riesgo importantes intereses patrimoniales, familiares y hasta la libertad.
El presidente del Colegio, Eduardo Calderón, no exagera cuando afirma que la mala calidad de los profesionales es una emergencia nacional. “Preocupa que quienes ya pasaron por una universidad no tengan la capacidad para responder preguntas básicas que todo licenciado en Derecho debe conocer”, afirma Calderón, porque más de la mitad de los reprobados apenas consiguieron notas entre 50 y 68 puntos.
La alarma debe extenderse a otras profesiones. Una igualmente vital cuya calidad también está en entredicho es la educación, pero en ese caso toda iniciativa de evaluación de los graduados como requisito para el ejercicio profesional ha sido sistemáticamente rechazada.
Cuando inauguraron el curso lectivo, el presidente Luis Guillermo Solís y la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, señalaron la necesidad de medir los conocimientos de los docentes porque, en palabras del mandatario, “no puede enseñar bien quien no sabe lo que enseña”.
La evaluación no debería servir únicamente para excluir del sistema educativo a quienes no tienen aptitud para formar a las nuevas generaciones, sino también para estimular a los mejores mediante ascensos y aumentos salariales acordes con sus méritos y progresos.
Las organizaciones gremiales de la educación no tardaron en rechazar la propuesta, no obstante los irreparables daños causados a los alumnos, en la mayor parte de los casos matriculados en escuelas públicas, porque las privadas escogen a los docentes con toda libertad.
La educación deficiente contribuye a perpetuar la condición de pobreza y excluye a las víctimas de las oportunidades brindadas por el desarrollo de nuevas áreas de la economía. Un maestro mal formado es cuando menos tan peligroso como un abogado inepto, si no más.
En uno y otro caso, así como en los de otras profesiones, la raíz del problema está en la educación superior. Ninguna universidad debe eximirse de la valoración de los resultados, sea pública o privada. Ambas contribuyen a enriquecer la oferta profesional y la calidad de sus servicios no debe dar lugar a temores frente a la evaluación final.
Sin embargo, también es preciso fortalecer la evaluación del proceso educativo universitario y de las condiciones en que se desarrolla, porque frustrar a los graduados con deficiencias formativas no es una solución. La supervisión de los centros educativos es indispensable y, lamentablemente, muestra grandes debilidades. Por eso hemos coincidido en la necesidad de fortalecer el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) y en dotarlos de mejores recursos y de las facultades necesarias para garantizar la formación de profesionales en todos los campos.
El examen del Colegio de Abogados demuestra el largo camino por andar y también la urgencia de transitarlo, porque el estado de cosas es desde todo punto de vista insatisfactorio.