La reacción policial ante el hallazgo de ocho helipuertos en diversos puntos del territorio nacional es un inventario de serias debilidades de la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica. Las autoridades las señalan con franqueza. No tiene sentido callarlas porque los primeros en conocerlas son los rectores del crimen organizado.
El jefe del Ministerio Público, Jorge Chavarría, comenzó por preguntarse cómo consiguen las organizaciones criminales el combustible para los aparatos, cuando se trata de un producto sensible, de uso muy específico, cuyo control no debería ser difícil. El fiscal declara el propósito de investigar las fuentes de abastecimiento y, al mismo tiempo, señala la necesidad de revisar la legislación vigente.
Chavarría no limita su listado de preocupaciones a las facilidades para conseguir combustible de helicóptero y recuerda las similitudes del caso con los constantes incidentes en que se ven involucrados barcos pesqueros. Para operar por mar y tierra, los traficantes no encaran limitaciones de abastecimiento y eso “denota una tremenda debilidad”, dice el fiscal.
Gustavo Mata, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y Celso Gamboa, viceministro de Seguridad y jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), se suman a Chavarría para alertar, además, de la falta de capacidad nacional para combatir el transporte de drogas por vía aérea.
Tantas son las limitaciones que la Policía, informada de la presencia de helicópteros sospechosos, apenas pudo aspirar a detenerlos en tierra. En ocasiones, los oficiales lograron avistar las naves, pero, cuando llegaban al sitio donde esperaban capturarlas, ya habían alzado vuelo.
Tal es la carencia de recursos que los traficantes se atreven a aterrizar en varios puntos del país durante el mismo viaje. La Policía asimila esas operaciones a los saltos de un conejo. “La cocaína viene del sur. El helicóptero, cargado, requiere más combustible. Baja en la zona de Guápiles, vuelve a subir y baja de nuevo en la zona norte”, explica Mata.
La Policía solo puede atender los informes de vecinos, movilizarse a las áreas empleadas para los aterrizajes y esperar un golpe de suerte para capturar una nave en tierra. Hasta ahora no lo han logrado y el éxito de la operación, de todas formas importante, consiste en la localización de los ocho helipuertos. “Nuestras aeronaves no están artilladas y eso hace imposible una intervención aérea”, dice Gamboa.
El inventario de limitaciones expuesto por las autoridades contrasta de manera alarmante con la descripción de los grupos delictivos bajo sospecha. Según el fiscal Chavarría, se trata de los carteles mexicanos en asocio con militares hondureños y una extensa red logística centroamericana, capaz de garantizar el traslado de la droga por el Istmo. “Definitivamente hay un cartel centroamericano. Los mexicanos hacen la gerencia del traslado y la supervisión y ponen la plata, pero hay un gran equipo de apoyo en tierra. Eso hay que desmantelarlo”, afirma Chavarría.
La suma de tantos recursos humanos y materiales, así como la peligrosidad de los carteles mexicanos y de militares desviados de sus funciones legítimas, constituye una amenaza de extraordinarias dimensiones, ante la cual palidece la buena voluntad de policías en búsqueda desesperada del próximo punto de contacto de los “conejos” con la tierra.
Es preciso dotar a las autoridades de cuantos recursos sean posibles, pero, también, aprovechar la ayuda de países amigos, en especial los Estados Unidos, para nivelar en algo el terreno de juego. La Asamblea Legislativa debería tener en cuenta el dicho de nuestras autoridades policiales la próxima vez que surja una de las periódicas discusiones del convenio de patrullaje conjunto suscrito con la nación del norte.