El triunfo del candidato conservador Alvaro Arzú en la segunda ronda de las elecciones presidenciales de Guatemala, realizadas el domingo último, ha sido recibido con optimismo por el sector empresarial de ese país y por la comunidad financiera internacional. Esto, sin duda, es un signo positivo, debido a la urgencia de revitalizar la economía guatemalteca. También resultan alentadoras las promesas del gobernante electo de trabajar intensamente en favor de los derechos humanos y de procurar alcanzar pronto un acuerdo de paz con la guerrilla marxista. De cumplirse estas metas, se lograría un avance significativo en el difícil reto de instaurar el imperio de la legalidad en Guatemala.
Sin embargo, llevar a feliz término los ambiciosos planes esbozados requiere mucho más que la buena voluntad y el empeño ofrecidos por Arzú a lo largo de la campaña presidencial. Demanda, sobre todo, un liderazgo político inédito, capaz de allanar las tremendas barreras que, a la fecha, han impedido consolidar el sistema democrático y amenazan socavar su frágil anclaje. La preeminencia de los militares en el país, los feudos de corrupción en las estructuras estatales, una abundancia de jueces cuestionados, la impunidad de los criminales, la violencia generalizada, el incesante irrespeto a los derechos humanos por parte de las autoridades, la conexa inseguridad personal y su impacto adverso en la economía, son algunos de esos obstáculos. Y, en especial, pende la crucial tarea de incorporar a la vida cívica a una mayoría de nacionales, ajena al quehacer estatal y al acontecer público.
Los resultados del domingo evidencian esta dualidad y, principalmente, el desencanto con el presente orden político, motivo fundamental del altísimo abstencionismo. Como bien señaló el procurador de los derechos humanos de Guatemala, Jorge Mario García Laguardia, es "grave" que solo un 37 por ciento de los votantes inscritos acudiera a las urnas pues le resta legitimidad al proceso democrático. Cabe destacar que el número de ciudadanos actualmente registrado es solo una parte del total apto para sufragar, lo cual acentúa el precario respaldo global a dichos comicios.
El mandato obtenido por Arzú es, por consiguiente, débil y obliga a ponderar el realismo de sus promesas electorales. También subraya la magnitud del desafío que le espera. Un verdadero régimen pluralista y representativo no puede afianzarse sin un alto grado de participación cívica y es obvio que Guatemala necesita hoy una conducción inspiradora que restaure la fe de las mayorías en la libertad y la democracia. La tarea que aguarda consiste, ni más ni menos, en renovar el sistema político, depurándolo de los vicios que han inhibido el funcionamiento efectivo de los mecanismos constitucionales y raíz del descontento popular.
Con todo, los empeños anunciados por Arzú son, sin duda, loables y podrían constituirse en base del gran consenso nacional sin el cual Guatemala difícilmente logrará salir de la presente crisis. ¿Cómo crear conciencia entre los dirigentes políticos, obreros y empresariales de que no es hora de mezquindades pues las frágiles conquistas democráticas peligran esfumarse? El momento histórico es crucial y demanda de los principales sectores un alto sentido patriótico. Hacemos votos para que el mandatario electo ejerza el liderazgo que plasme ese acuerdo y permita a Guatemala enrumbarse por las sendas de la justicia social y el progreso económico con libertad.