El número de usuarios de las rutas de autobuses es un elemento indispensable para renovar las concesiones y calcular tarifas. El Consejo de Transporte Público (CTP), al parecer, dispone de las cifras para efectos de renovar los contratos, pero no como insumo de la nueva metodología de fijación tarifaria, cuya aplicación podría desembocar en reducciones hasta del 40%, según Dennis Meléndez, exregulador a cuyo cargo estuvo el diseño del sistema.
El sobreprecio de algunas rutas es una sospecha creciente, alimentada por estudios de demanda a cargo de la Universidad de Costa Rica y la experiencia de los funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). El presentimiento lo abona el reconocimiento oficial del papel de los empresarios en la estimación de la demanda. Hasta hace poco, la fijación se hacía con datos suministrados por ellos.
La nueva metodología, después de una larga y empinada ruta, está lista para hacer justicia. Muchos autobuseros siguen opuestos, pero al fin la Aresep parece dispuesta a aplicarla. No se puede porque faltan los datos del CTP. Bastarían los mismos utilizados para renovar las concesiones, pero según el CTP no existen.
En diciembre del 2015, la entidad se había comprometido a entregar los datos utilizados en el 2014 para renovar las concesiones, pero en agosto dijo no tener en su poder la información necesaria para aplicar el nuevo modelo tarifario. También manifestó desconocer que la Aresep exigiría datos cuya antigüedad no superara los tres años. Enrique Muñoz, intendente de transporte de la Aresep, señala que el CTP participó en talleres celebrados para desarrollar la nueva metodología, cuyo proceso fue un hecho de conocimiento público a lo largo de varios años.
Ninguna de las conclusiones lógicas a que puede llevar el examen de los hechos deja al CTP bien parado. Si la renovación de los contratos se hizo con apego a los criterios técnicos, los datos solo existen para beneficiar a los autobuseros. Cuando podrían ser utilizados a favor del usuario, dejan de existir. Si, por el contrario, los datos nunca estuvieron disponibles, las renovaciones se hicieron sin observar los parámetros técnicos básicos, como señala el intendente de transporte de la Aresep.
En cualquiera de los dos casos, los beneficiarios son los autobuseros y la actuación del CTP es un auténtico sainete. La situación llama la atención, una vez más, sobre la integración del CTP, donde los transportistas ocupan, directamente, dos de los ocho asientos. Uno es de los autobuseros y el otro de los taxistas. Hay, también, una representante de los usuarios a quien los usuarios no conocen y uno de las municipalidades cuyo nombramiento es igualmente extraño.
La viceministra de Transportes, también integrada al Consejo, ha tenido estrechos vínculos con el sector autobusero. El ministro de Obras Públicas y Transportes, presidente del CTP, defendió el nombramiento de la funcionaria y representa a un gobierno cuyo apoyo a la reforma del sector no ha sido entusiasta.
Además del ministro de Ambiente y Energía, la directiva la completa el director ejecutivo, Mario Zárate, cuyas explicaciones sobre la falta de datos que ahora entraba la aplicación del modelo tarifario han sido rebatidas, una por una, por el intendente Muñoz.
A juzgar por el resultado, el CTP no es apto para garantizar a las capas más necesitadas de la población costarricense una tarifa de transporte justa para trasladarse al trabajo, los centros de estudio, las clínicas y los hospitales o tantos otros destinos necesarios. Si no sirve para eso, simplemente no sirve y urge replantearlo.