La tasa de desempleo está en un punto desafortunadamente alto. La de pobreza no ha mejorado. Sin embargo, bajó la criminalidad. Dilucidar las razones es una tarea de la mayor importancia para el próximo gobierno. Algo ocurrió en la administración de la presidenta Laura Chinchilla en una materia tan fundamental para la calidad de vida. Las medidas conducentes al éxito merecen continuidad.
En el 2010, hubo 11,6 homicidios por cien mil habitantes, una cifra considerada epidémica por la Organización Mundial de la Salud. El año pasado cerró en un 8,6 por cien mil. No hay casualidad porque el dato del 2013 es producto de una consistente tendencia a la baja: 11,6 en el 2010, 10,3 en el 2011, 8,9 en el 2012 y 8,6 el año pasado.
La tasa de homicidios es un indicador seguro, porque en ella, prácticamente, no existe la franja negra, constituida por delitos no contabilizados. Hay robos, por ejemplo, cuyas víctimas no denuncian, pero las muertes violentas se cuentan casi todas, por razones obvias.
La preocupación de los costarricenses por el delito ha bajado en consonancia con el descenso de la tasa de homicidios. Lo comprueban las encuestas, cuyos resultados son totalmente razonables cuando se considera el impacto de la peor manifestación de la criminalidad sobre las percepciones del ciudadano.
La Policía atribuye el avance a un cambio de estrategia consistente en la redistribución de recursos para atender mejor los horarios y zonas de mayor peligrosidad. En lugar de distribuir a los agentes con criterios geográficos y destinarlos a permanecer en las casetas de vigilancia, se les asignan recorridos por los sitios más necesitados de su presencia y en las horas de más actividad delictiva.
La labor presupone un esfuerzo previo de inteligencia policial para definir las zonas y horarios. El ministro de Seguridad Pública Mario Zamora también considera importante el mejoramiento de la flotilla vehicular y la aplicación de criterios técnicos, no políticos, a la asignación de recursos humanos.
Francisco Segura, director del apolítico Organismo de Investigación Judicial, coincide con Zamora en la valoración de la labor preventiva: “se está haciendo la prevención en los sitios donde más se desarrollaban delitos; se detiene a más personas y se decomisan más armas”, afirma el experimentado policía.
La opinión del jefe de la policía represiva sobre el trabajo de los encargados de la prevención resalta el mérito de estos últimos y refuerza la hipótesis de que el cambio en el comportamiento criminal responde, cuando menos en parte, a determinadas políticas del Ministerio de Seguridad Pública. Si así fuera, esas políticas merecen ser emuladas.
Hay otros elementos que deben ser tomados en cuenta para hallar la explicación. Segura menciona los tribunales de flagrancia y la gran cantidad de detenciones hechas por la policía administrativa de personas cuyos casos se resuelven con la celeridad propia de ese sistema.
Randall Brenes, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, recuerda la complejidad del fenómeno delictivo y la imposibilidad de explicarlo a partir de una sola variable, más no por eso deja de reconocer la existencia de “acciones concretas” cuya incidencia en la mejoría es probable: “Uno de los errores es que cuando se hablaba de violencia, se hablaba como si se repartiera igual en todo el país y la violencia está en puntos específicos”. El experto añadió a las explicaciones el acompañamiento a comunidades con problemas de convivencia y otros factores de riesgo, la contención del fenómeno de las pandillas y la recuperación de espacios públicos.
El conjunto de políticas merece un examen cuidadoso de las nuevas autoridades. Los aportes de la actual administración no deben caer en el olvido y los proyectos no ejecutados por quienes consiguieron tan buenos resultados bien podrían ser parte del análisis para evaluar la conveniencia de dar continuidad a los planes que permanecen en el tintero.