La opinión pública parece haber tomado plena conciencia de que el problema económico del país, provocado en mucho por el déficit fiscal, no solo es muy grande sino que, cada día que pasa, perdemos más grados de libertad para enfrentarlo ordenadamente.
Dos distinguidos economistas, Eduardo Lizano y Francisco de Paula Gutiérrez, en entrevista publicada el pasado lunes en este diario, dudan de que el acuerdo en principio con la administración del Fondo Monetario Internacional (FMI) pueda convertirse en convenio definitivo, pues las medidas necesarias para reducir el déficit fiscal todavía son inciertas y, por tanto, difícilmente podremos reducir el faltante financiero del sector público a un 0,5% del valor de la producción (PIB) a finales de 1996.
A juicio de estos economistas, el problema radica en que las medidas de contención sostenible de gasto --en renglones como planillas, pensiones, transferencias a universidades estatales y la fusión o cierre de instituciones y programas innecesarios-- no han sido precisadas ni mucho menos convertidas en ley y las que tienen que ver con mejoras de la recaudación no han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Según estos expertos, lo que hace falta es "voluntad política", pues la naturaleza genérica de las medidas por adoptar es muy clara y no es nueva. En efecto, la orientación general de las medidas que hoy se discuten no difiere en nada de la que hace cuatro años propuso y defendió el entonces ministro de Hacienda Thelmo Vargas. Pero, a diferencia de ahora, hace cuatro años todavía el común de la gente no tenía conciencia del mal y, a nivel político, había una clara diferencia de enfoque entre los dos principales partidos representados en la Asamblea Legislativa. Hoy esa divergencia no existe, pues la realidad ha terminado por convencer a tirios y troyanos de que la solución radica en confiar más en el mercado y en exigir que el Estado cumpla eficazmente con sus funciones clásicas. Por ello sería de esperar que ahora sí se dé el acuerdo nacional sobre las reformas económicas que el país requiere.
Mas el problema, hoy como ayer, no parece ser técnico, sino político. Es el cálculo electoral de corto plazo el que lleva a buena parte de nuestros representantes en los poderes Legislativo y Ejecutivo a escoger paliativos más que reformas de fondo y a preferir los parches a las soluciones de largo plazo. Así lo demuestra el hecho de que si bien la administración Calderón Fournier pudo concebir claramente la naturaleza de las medidas que nuestro país requiere, y muchas de ellas las dejó contenidas en el PAE III, sucumbió ante el ciclo político y dejó un déficit fiscal que si bien era bajo, acarreaba una dinámica de crecimiento perversa. A esto la administración Figueres unió un manojo de improcedentes promesas de campaña y una injustificada demora en la acción. Por eso estamos donde estamos.
De modo que, si realmente queremos resolver de una vez por todas los recurrentes problemas financieros del país, no hemos de conformarnos con la reforma económica y la del Estado. Hemos de reformar también a nuestros políticos.