Las recomendaciones de la Comisión de Notables nombrada por el Gobierno para estudiar los problemas de gobernabilidad no se han traducido en acciones concretas y, a estas alturas del calendario electoral, son pocas las esperanzas. Algún proyecto de ley compatible con los esfuerzos de la Comisión quiso tomar impulso en la corriente legislativa, pero los diputados dedicaron más tiempo a señalar los desacuerdos creados por el informe que a tramitar las pocas iniciativas derivadas de su texto.
El caso, sin embargo, deja algunas lecciones notables. El país cambió. La educación extendida a amplias capas de la población y el desarrollo de los medios de comunicación lo dotaron de una ciudadanía mejor preparada, con fácil acceso a la información necesaria para formarse opiniones sobre los asuntos públicos. Pasaron los días de don Cleto y don Ricardo. Es difícil ser notable y nadie espera soluciones caídas de un olimpo cuya existencia solo es posible en medio del analfabetismo generalizado.
Los impulsos reformadores, incluidos los aspectos más acertados del informe de la Comisión, no tienen futuro, si no se fraguan en el yunque del debate político, y aun en el de la maniobra parlamentaria, en el mejor sentido de la expresión. El argumento de autoridad, puro y simple, no basta para plasmar proyectos en realidades.
Nada de eso impide conformar comisiones de expertos para analizar problemas concretos y producir orientaciones específicas para guiar las soluciones. En esto consiste la segunda lección. El mandato debe ser claro y el objeto preciso. En la categoría “gobernabilidad” cabe todo y, paradójicamente, quienes se aboquen a perfeccionarla, así, en general, corren el riesgo de dejar mucho por fuera.
El Gobierno procuró un conjunto de propuestas coherentes, respaldadas por la autoridad de los integrantes de la Comisión y aptas para generar consenso. Fue un intento de diseñar un programa para venderlo con visos de objetividad, no producto de los deseos de Zapote, sino del examen imparcial de los notables. Por eso, la integración de la Comisión reflejó una diversidad de visiones. Un grupo de ciudadanos valiosos –de eso no hay duda– debatiría desde distintas perspectivas hasta lograr acuerdos insospechables en virtud de su representatividad.
Al final, la Administración solamente obtuvo nuevos motivos de discordia. El informe, en sí mismo, se convirtió en momentáneo centro de una discusión legislativa tan polarizada como siempre, y los propios integrantes de la Comisión, llamada a sentar las bases de un acuerdo nacional, no siempre consiguieron estar de acuerdo entre ellos.
Allí yace la tercera lección notable. La conducción del país y la propuesta de soluciones es un deber irrenunciable del Gobierno. El rumbo puede fraguarse por los medios que la administración considere idóneos: comisiones de expertos, consultas con técnicos de la administración pública y diálogo con fuerzas políticas afines a la iniciativa de que se trate, entre otros, pero la definición de propósitos y su impulso no pueden ser delegados.
El Gobierno guía y no debe aspirar a ser guiado, so pena de mostrarse débil y sin orientación. De allí deriva la cuarta lección notable. La Comisión produjo lo que se le pidió, sin preocupación por la viabilidad política de las propuestas ni sentido de la oportunidad. La posibilidad de aumentar el número de diputados suscitó, ad portas , el rechazo de la opinión pública, y la idea de injertar en nuestro cuerpo político elementos del sistema de gobierno parlamentario no tuvo acogida siquiera en Zapote.
Con el informe en la mano, el Gobierno no encontró el rumbo ansiado. El buen propósito de agilizar los procesos parlamentarios, por ejemplo, permaneció durante meses en espera del dictamen de los notables y, después, se pretendió insuflarle vida con los hallazgos del informe, sin más negociación ni acuerdos previos.
Hay tiempo irremediablemente perdido. Las reformas urgentes, por todos conocidas antes, durante y después de las deliberaciones de los notables, quedan para la próxima Administración, si tiene una visión propia, con claridad de método y sentido de las prioridades.