Sin rubor, el destituido subdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) declaró su intención de no apelar la decisión de la Junta Directiva y aceptar, sin más discusión, el mes de suspensión impuesto por las irregularidades cometidas en una contratación con la Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional.
La fundación ofreció hacer un estudio de dudosa utilidad para el movimiento cooperativo titulado La situación y condiciones de inserción laboral de la juventud vinculada a las cooperativas del país. La factura de ¢46 millones fue cuestionada por los directores del Infocoop, pero Alejandro Jiménez, subdirector ejecutivo, siguió adelante con la contratación.
Según la investigación administrativa, el funcionario “no orientó su gestión a la satisfacción del interés público ni demostró rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades conferidas” y se puede “afirmar que Alejandro Jiménez Blanco actuó con dolo al incumplir sus obligaciones legales al comprometer los recursos económicos del Infocoop”.
Pero la sanción, en opinión del funcionario, “es para que todos salgamos bien parados”. Él se apartará del cargo un mes, sin goce de salario, y volverá a su puesto anterior en la burocracia del organismo. Así de fácil y todos contentos, pese a la gravedad de los hallazgos del órgano administrativo establecido para estudiar la contratación.
Jiménez, suspendido durante siete meses mientras se investigaba el caso, se da el lujo de comparar el costo de su salario en ese lapso con el monto de la contratación cuestionada. “Ese asunto se estaba discutiendo por un monto de ¢46 millones y lo que me pagaron durante ese año fue mucho más. Entonces, les salió más cara esa suspensión (que la contratación con la UNA)”.
Las declaraciones sugieren valorar primero la irregularidad para contrastar su costo con los salarios que la ley obliga a pagar al funcionario investigado. Solo así se sabrá si vale la pena iniciar la indagación. Por otra parte, los largos procesos administrativos son equiparables a un prolongado periodo de asueto y, si la sanción impuesta al final es tolerable, no hay razón para impugnarla. La defensa de la buena actuación es secundaria y allá la institución si decide desperdiciar recursos en combatir la mala administración.
El caso encierra importantes lecciones, pero no son las propuestas por el destituido subdirector ejecutivo, cuyas declaraciones hacen mofa de los directores cuando dice haber estado dispuesto a dejar el cargo si se lo hubieran pedido. “Me extraña terriblemente que se complicaran tanto la vida para quitarme, porque con solo decirme que ya no me querían en el puesto, me hubiese ido”. Ese no es el punto. No se trataba simplemente de quitarlo, sino de determinar la corrección de sus actuaciones.
La primera lección es que hay funcionarios con las características del señor Jiménez en diversas instituciones nacionales y son prácticamente inamovibles, si no en el cargo donde cometen una irregularidad, sí en el puesto donde antes habían sido nombrados en propiedad.
La segunda es la necesidad de revisar los excesos garantistas capaces de producir semejantes resultados: un año de asueto pagado, la conservación del empleo en la institución y, si el ex subdirector ejecutivo insiste, el altísimo costo de seguir el debido proceso para desembocar, prácticamente, en una impunidad que a todos deja “bien parados”.
La situación evoca la frase de la contralora general de la República, Marta Acosta, cuando comentaba la imposibilidad de sancionar a siete alcaldes y nueve regidores investigados por su despacho: “Esto es una burla. Todo un desgaste para nada si no se pueden ejecutar las sanciones”.