La evidencia empírica es demasiado clara como para no derivar de ella ninguna lección: hoy tirios y troyanos aceptan que el alto déficit fiscal apareja serios problemas económicos, como son baja disponibilidad de crédito para el sector productivo, altas tasas de interés, inflación, devaluación y bajo crecimiento.
Todos somos conscientes de que el crecimiento incontrolado del aparato burocrático ha consumido recursos sociales que podrían haber sido mejor utilizados por la iniciativa privada, con el consiguiente aumento de la inversión productiva y el empleo. Por último, todos sabemos que en nuestro país opera un "ciclo político". Este consiste en que los gobiernos abren la llave del gasto público y bajan la guardia en materia de ingresos en los años preelectorales para mejorar temporalmente su imagen. Esta noria fiscal nos ha causado problemas sociales y económicos sin medida.
Es menester, entonces, garantizarnos que el crecimiento económico y el bienestar social no están innecesariamente sujetos a los vaivenes del ciclo o de la irresponsabilidad política. Precisamente en este sentido, la adopción de un capítulo de garantías económicas en el ámbito constitucional es una decisión clave, quizá la última oportunidad. Significa aprovechar el consenso que -en principio- se ha dado entre los partidos mayoritarios para resolver los principales problemas estructurales de nuestra economía. Al fin de cuentas, lo que está en juego no son miopes intereses partidistas sino el bienestar nacional.
El citado capítulo de garantías económicas debería limitar el tamaño del déficit fiscal en condiciones normales y, por ello, la Asamblea Legislativa debe aprobar los parámetros financieros generales, en materia de ingresos y gastos, de los entes públicos. Una norma constitucional debe precisar que los gastos públicos de consumo han de financiarse solo con ingresos corrientes y no con deuda, cuyo servicio es hoy tan oneroso. Además, es necesario garantizarnos que los recursos que utiliza nuestro sector público se emplean de manera eficaz y para ello procede institucionalizar la rendición periódica de cuentas de los rectores de la cosa pública a los ciudadanos. Los temas demasiado puntuales no armonizan con la majestad de la Constitución Política. Sin embargo, en materia de gasto público, no tenemos a mano otro remedio. El control debe nacer en la Constitución. De lo contrario, sería burlado.
Dada la enorme importancia social de las garantías económicas, es menester informar adecuadamente a la sociedad sobre su alcance y, de manera sistemática, recoger las observaciones pertinentes que surjan de los diversos grupos de interés del país. La legislatura que media entre la primera aprobación y su ratificación constituye un plazo adecuado para un debate de fondo. Pero, hay que echar a andar la reforma. Los legisladores han de actuar en esta materia con responsabilidad y sentido patriótico, y evitar la indefinición y las soluciones "a la tica", consistentes en esquivar -y no en resolver- los problemas.