La corrupción y la mala ejecución de las obras convirtieron a la trocha fronteriza en un desastre político aprovechado por la oposición, con todo derecho, para marcar puntos contra la administración de la presidenta Laura Chinchilla. El debate se centra en la imposibilidad de transitarla, luego de tan cuantiosos gastos, el descuido del ambiente y los ilícitos enriquecimientos investigados por el Ministerio Público.
En medio de la tormenta, el país olvidó la cosa en sí, es decir, la trocha misma y su utilidad para el desarrollo de la zona norte, el fortalecimiento de la soberanía nacional y el libre tránsito de los costarricenses por los territorios próximos a la frontera con Nicaragua.
La ejecución fue mala, no cabe duda, pero permanece sin respuesta la pregunta sobre la necesidad de construir un camino en el área. Los habitantes de la margen costarricense del río San Juan contestaron sin dubitaciones, el domingo pasado, en declaraciones ofrecidas a La Nación : la trocha es indispensable para sus aspiraciones de desarrollo y bienestar.
Para ellos, la mala ejecución, el escándalo de corrupción y el debate político desatado en torno al proyecto tienen un significado diferente, mucho más próximo a la realidad de su vida cotidiana. La trocha, planteada como una iniciativa necesaria para salvaguardar la soberanía nacional, tuvo para los habitantes de la zona efectos mucho más directos e inmediatos.
Unos fundaron en el camino la esperanza de abrir un negocio, un restaurante o un pequeño hotel. Otros constataron con satisfacción la revalorización de sus terrenos y muchos se entusiasmaron, simplemente, con la posibilidad de desplazarse por la zona con mayor facilidad, libres de hostigamiento y con nuevas oportunidades de empleo.
En Los Chiles, San Carlos y Sarapiquí, la suspensión de la obra se trajo por tierra proyectos concretos, más que sueños e ilusiones. Vilma Elizondo, propietaria de una pequeña soda, estuvo a punto de transformarla en restaurante, pero ahora solo le queda esperar la decisión de San José sobre la continuación de la Ruta 1856. Mario Cambronero también está en modo de espera, con los planes listos para abrir un centro turístico donde ofrecerá paseos por los ríos y pesca deportiva en las inmediaciones de su finca ubicada en Chorreras de Cutrís.
Paulino Cambronero, propietario de Cabaña Verde, una modesta instalación hotelera, fue menos cauteloso. No pudo obtener financiamiento bancario porque sus terrenos están en la milla fronteriza. Todo lo hizo con sus ahorros y no pierde “la fe de que el Gobierno complete la trocha y haga los arreglos”. Mientras tanto, no recibe los visitantes esperados. Quienes pensaban en el desarrollo inmobiliario, concretamente en la venta de quintas de recreo, también sufrieron un baldazo de agua fría.
“Mientras no tengamos una carretera transitable todo el año, difícilmente habrá empresarios dispuestos a invertir aquí, donde la mayoría de la gente vive en la pobreza”, explicó Alberto Cruz, ganadero de Las Delicias de los Chiles. Según se desprende de sus declaraciones, para él la trocha es un medio de lucha contra las precarias condiciones de vida imperantes en la región.
La trocha es, también, necesaria para cumplir el propósito inicialmente anunciado de reafirmar la soberanía del país frente a los abusos del gobierno sandinista de Daniel Ortega. Incrementa la presencia nacional en la zona, permite atender mejor las necesidades de sus habitantes y libra a las fuerzas policiales de navegar el río San Juan para reabastecer sus puestos de operaciones y ejercer la vigilancia fronteriza.
Todas son razones de peso para reconsiderar el valor de la trocha como proyecto nacional, sin dejar de señalar los errores ni cejar en la persecución de los responsables de cualesquiera actos de corrupción cometidos en el proceso de construcción desplegado hasta ahora.