La transformación del Conavi

La promesa de cambio del nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes responde a una preocupación planteada y reiterada por amplios sectores de la opinión pública

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Pedro Castro, nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes, inaugura su gestión con la promesa de renovar el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Mantendrá al director, de reciente nombramiento, pero pedirá a los directivos poner sus cargos a disposición del Poder Ejecutivo.

La promesa responde a una preocupación planteada y reiterada por amplios sectores de la opinión pública, incluido este diario. Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto se sumaron a ese clamor cuando acordaron pedir a la Presidencia intervenir el Conavi. El ministro de Comunicación, Francisco Chacón, se mostró de acuerdo y dijo que la intervención comenzó cuando la mandataria destituyó al director por lo sucedido en la trocha.

La Administración Chinchilla tiene año y medio para desarrollar obras, y el objetivo de lograr eficacia en la importantísima institución no puede desligarse del deseo de mostrar resultados. Sin embargo, más allá del legado en obra, la reforma del Conavi sería, en sí misma, una importante contribución.

Las falencias de la entidad se evidenciaron con dramatismo en el actual periodo de gobierno, pero datan de mucho antes. Algunas manifestaciones concretas, como el caso del puente sobre el río Virilla, tampoco se cumplieron el 8 de mayo del 2010.

El nuevo jerarca del MOPT calificó lo sucedido en la trocha fronteriza –responsabilidad, esa sí, del Gobierno actual– como “un hito en la historia del Conavi”. Lo es si se busca el momento en que la institución tocó fondo, pero no marca el inicio de los cuestionamientos a su polémica gestión.

El ministro preside el Consejo de Administración del Conavi, donde hay asientos para otros dos representantes del MOPT. El cuerpo colegiado lo completan un representante de de las municipalidades, otro de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica, y dos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado.

La revisión del ministro comenzará por esa cúpula, en busca de reconstituirla con miembros idóneos para la función. Los sectores representados deben hacer un esfuerzo por apoyar la selección con propuestas bien ponderadas. En la conformación de las ternas es preciso privilegiar las calidades técnicas de los candidatos y no solamente su aptitud para representar los intereses del sector.

Sin embargo, la renovación del Consejo no basta. Las primeras investigaciones de lo sucedido en la trocha apuntan también a la existencia de responsabilidades en otros niveles. El Ministerio Público examina, por ejemplo, las actuaciones del exdirector regional para Limón, quien fungió como jefe ejecutor del proyecto.

En el caso del puente sobre el río Virilla, el órgano director del proceso administrativo encargado de investigar la sustitución de la vieja superficie por una rejilla de acero y concreto recomendó abrir un procedimiento disciplinario contra un ingeniero de puentes de la institución.

La revisión del personal tampoco es suficiente. Es necesario repasar la conducta institucional, especialmente en lo relacionado con el deber de transparencia, no solo en las contrataciones, sino también en la rendición de cuentas.

Todavía está fresco el recuerdo del memorándum interno con severas advertencias para los funcionarios que divulgaran informaciones sensibles.

No menos grave fue la reacción institucional cuando la naturaleza puso en evidencia la falta de mantenimiento en la autopista General Cañas. El hueco aparecido en la vía fue explicado como caso fortuito; un hecho imprevisible producto de las fuertes lluvias y la presencia de un tronco en el lugar y momento más desafortunados.

Poco tardó el país en enterarse de que el desastre fue previsto y denunciado, años antes, por un empresario que pagó el estudio de su bolsillo.

Conavi debe transformarse en busca de la eficacia, como lo pretende el nuevo ministro, y también en busca de cumplir el compromiso de la función pública con la transparencia y la rendición de cuentas.