El sector público, por medio de la Tesorería Nacional y del Banco Central, ejerce una enorme influencia en la determinación de las tasas de interés que operan en nuestro mercado financiero. Por un lado, las colocaciones de títulos que periódicamente estas unidades realizan es muy grande y, por otro, su preocupación por el costo marginal de la deuda no siempre es alta. No cabe duda, entonces, que los procesos o reformas que tiendan a reducir las necesidades crediticias de esos actores, o que aumenten el grado de competencia con que ellos realizan sus captaciones de recursos, son bienvenidas. La reducción del déficit apunta en el primer sentido y la venta de títulos en subasta lleva a lo segundo.
En efecto, como informamos en nuestra edición del pasado martes, en un plazo no mayor de un mes el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica colocarán todos sus bonos por medio de subastas. Si, como esperamos, el proceso se lleva a cabo de manera ordenada y clara, las tasas de interés de estos títulos las fijará el mercado, en vez de ser predeterminadas por las agencias públicas que los emiten. Esto beneficiará a la economía como un todo y, en la medida que se mantenga una política fiscal responsable, también podrá influir en la disminución de las tasas de interés.
A nuestro juicio, la operación eficaz de un sistema de subastas exige acatar algunas reglas. Primero, es menester uniformar los títulos de deuda, al menos en cuanto a plazo. Segundo, el sector público debe anunciar sus necesidades anuales de crédito interno y las fechas en que saldrá al mercado en búsqueda de crédito interno. Si durante el transcurso del año el plan original varía, el Gobierno debe proceder a informar al mercado. Este principio (de "transparencia") debería operar también en materia de divisas. Por último, otros entes públicos, como el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), que ordinariamente invierten grandes sumas en títulos del Gobierno y el Banco Central, deben actuar como si quisieran hacer máximo el rendimiento de sus inversiones. Si se opera con un criterio como el esbozado, los inversionistas en títulos fiscales podrán responder de manera competitiva a las necesidades fiscales y la tasa de interés reflejará mejor las fuerzas del mercado.
Otro aspecto interesante del proyecto del Gobierno --que anunciaron el Presidente del Banco Central y el Tesorero Nacional-- es que a futuro el instituto emisor dejará de realizar operaciones de mercado abierto, que influyen en la liquidez del sistema, con títulos emitidos por él y utilizará bonos del Ministerio de Hacienda. Si sus compras las hace competitivamente, entonces esta reforma también irá en el sentido correcto.
Por último, a pesar de que las reformas anunciadas son importantes en sí mismas, no hemos de olvidar que el gran problema que los requerimientos financieros del Estado imponen a la economía no obedece tanto a la forma en que capta ahorros, que es la que aquí se está atendiendo. El problema fundamental es que el Gobierno y el Banco Central se constituyan en demandantes permanentes de tanto crédito. El equilibrio fiscal es, por tanto, lo que las autoridades deben buscar por sobre muchas otras cosas. Sin embargo, la reforma es un avance y debe ser bienvenida.