Durante 30 años, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) fue uno de los principales agentes de la política social del Estado hasta la creación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), en 1987, que le atribuyó nuevas competencias a la entidad sin modernizarla. Desde entonces, el tema habitacional ha transcurrido por diferentes Gobiernos, agendas públicas y estrategias de clientelismo electoral, al punto de que el lugar del INVU se ha minimizado y hasta desnaturalizado.
Ahora, la administración Chinchilla anunció que presupuestó ¢9.300 millones para la reestructuración del Consejo Nacional de la Producción (CNP) y del INVU, en el 2014, y que le corresponderá al próximo Gobierno acometer la tarea.
Aunque se ignore la prioridad que le otorgue el próximo mandatario en su programa, la necesidad de reformar el INVU es urgente, pero debe verse en un contexto más amplio. Debe emprenderse no solo porque, de no hacerlo, podría ir a la quiebra, como declaró su presidente ejecutivo, Álvaro González, sino también porque su columna vertebral, el Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP), el más antiguo del país, se encuentra desfasado en términos administrativos y de competencia con otras posibilidades de financiamiento. Además, se ignora si en la actualidad cumple el propósito para el que fue creado y si será económicamente sustentable en el futuro.
González aseguró: “El objetivo es enfocarnos en los negocios rentables para la institución y promover el desarrollo de vivienda por fideicomiso”. A pesar de eso, no se trata nada más de mantener a flote el INVU, como ha sucedido en décadas recientes, sino de analizar el papel que puede cumplir en la agenda pública del Estado a la luz de su rentabilidad social y de la sostenibilidad financiera del SFNV.
Este ejercicio de discusión y análisis público, como reconoció el ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), Guido Alberto Monge, debe involucrar también al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el bono y a todos los componentes del sistema.
El SAP tiene casi 60 años de funcionamiento y su plataforma informática, que data de la década de 1990, es obsoleta. Las operaciones se realizan a mano, de acuerdo con la Contraloría General de la República. Además, según el mismo reporte, los estados financieros del INVU no son confiables y la entidad no cuenta con un registro actualizado de propiedades desde 1981.
La institución se ha comprometido a resolver estas deficiencias administrativas en el transcurso del próximo año y esperamos que así lo haga. Sin embargo, la reorganización del INVU y su vinculación con el SFNV también debe dirigirse a aclarar su función en la política social de vivienda y el acceso al crédito de los sectores de ingresos bajos y medios.
Desde la década de 1980, la inversión pública se dedicó a paliar, a veces desordenada y costosamente, el déficit habitacional de los grupos populares, con resultados diversos y algunos efectos no deseados, como la especulación inmobiliaria, el clientelismo político, la segregación social y la concentración de áreas urbano-marginales en terrenos inadecuados para la construcción.
El otro tema de fondo, en íntima relación con el anterior y que sigue siendo un pendiente después de medio siglo, es la planificación urbana. Al menos en el papel, el INVU tiene la función de coordinar con las municipalidades y las instituciones estatales el ordenamiento territorial de la Gran Área Metropolitana (GAM).
La administración Chinchilla anunció que dedicaría una parte de su política de vivienda a las clases medias, un sector que en los últimos siete Gobiernos no ha tenido acceso preferencial al bono ni a los préstamos del SFNV. Según el Estado de la Nación, un 30% de este grupo, que es muy numeroso en nuestro país, carece de casa propia, y la mitad de él sufre dificultades de hacinamiento o de deterioro físico.
El sistema de fideicomisos, así como otras iniciativas habitacionales e instrumentos financieros orientados hacia los sectores medios, deben evaluarse como parte de la reorganización del INVU, y concederles el lugar que merecen dentro de una política de vivienda coherente, planificada y financieramente sostenible.