La impresionante riqueza natural del Parque Nacional Corcovado, siempre en riesgo por la vulnerabilidad de su ecosistema, se encuentra nuevamente en peligro. Esta vez, como en otras, la amenaza proviene de un grupo de buscadores de oro que ha pretendido invadirlo para explotarlo de forma ilegal e indiscriminada. Además de oreros, los depredadores tradicionales también han sido –y probablemente aún sean– cazadores y madereros. Las autoridades deben mantener su firmeza para frenar la pretensión de los invasores, y mejorar los controles para garantizar la preservación de una riqueza que no solo pertenece a todos los costarricenses, sino al resto de la humanidad.
El parque fue establecido en 1975. Abarca alrededor del 40% de la península de Osa y se calcula que alberga más de 500 especies de árboles, 140 de mamíferos, 40 de peces de agua dulce, 367 tipos de pájaros y 117 de anfibios. Además, es el último bosque tropical húmedo que queda en la costa pacífica de Centroamérica. Por algo fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, la prestigiosa revista National Geographic lo ha catalogado como “una de las zonas más biológicamente intensas del mundo”, y la agencia de viajes Discovery Corps como uno de los 10 mejores parques nacionales del mundo.
Por su impresionante diversidad de especies y minerales, así como por su gran extensión y crónica desprotección, Corcovado es tanto un imán científico y turístico como una atracción para personas inescrupulosas que desean explotarlo sin responsabilidad alguna. ¿Hasta cuándo? Esta es la pregunta clave que debemos hacernos como país y a la que nuestras autoridades deben prestar particular atención.
A principios de este mes, la Sala Constitucional ordenó al Estado elaborar e implementar, en un plazo de dos meses, una estrategia que lo resguarde. Debe incluir no solo la expulsión y eventual procesamiento de quienes causan daños en la actualidad, sino el freno a cualquier intento de invasión. Más aún, debe tener un carácter permanente, lo cual pasa por un flujo básico de recursos y una adecuada organización de los procedimientos de custodia permanentes.
Sin embargo, así como debe exigirse una protección eficaz de Corcovado, así también es necesario impulsar programas que permitan generar mejores condiciones de vida a los pobladores de la zona. Mientras la responsabilidad ambiental que todos tenemos no se acompañe de planes que den un sentido económico a su observancia, sobre todo en un área de tanta pobreza como Osa, la tarea de preservación siempre será extremadamente difícil.
Ya existen algunos programas que apuntan en ese sentido, no mediante el reparto –o promesas– de indemnizaciones a quienes cesen la explotación ilegal (a la que podrían regresar en cualquier momento), sino gestando oportunidades que coexistan e, incluso, se beneficien de la protección ambiental. Entre ellos está la iniciativa Caminos de Osa, sobre la que informamos ampliamente el pasado 3 de diciembre , y que promueve el desarrollo integral de la región por medio de tres rutas turísticas de aventura alrededor del parque.
Por sí misma, Caminos de Osa no resolverá el desafío, pero sí ha marcado una ruta estratégica que podría ampliarse mediante otros programas y abarcar otros ámbitos. De particular importancia, en este sentido, son los cuatro sitios arqueológicos ubicados en la cuenca del Diquís, declarados Patrimonio de la Humanidad en junio del 2014, y que albergan impresionantes emplazamientos de esferas elaboradas por culturas precolombinas. Los enormes y exitosos esfuerzos que se han hecho por explorarlos, preservarlos y mostrarlos, deben contar con mayor apoyo.
El arreglo al que llegaron el martes el Gobierno y el más reciente grupo de invasores, para que retiraran su amenaza de ingresar nuevamente a Corcovado, tiene, por ahora, todos los visos de una reacción de corto plazo que, lejos de contribuir a resolver los problemas de fondo, podría más bien estimular invasiones futuras.
Nuestra riqueza patrimonial, sea natural o arqueológica, necesita preservarse. La tarea, aunque ejecutada desde las instituciones competentes, sea en prevención, custodia o represión, debe ser un proyecto país e, idealmente, manejarse desde una perspectiva de desarrollo sostenible que, hasta ahora, ha sido omisa en Osa. El amago de crisis actual alrededor de Corcovado debería ser un disparador para impulsar sustanciales mejoras, no más parches de corto plazo.