Una nueva alianza impera en la Asamblea Legislativa. Si supera a su antecesora en coherencia, será por la predominancia numérica del partido de Gobierno y la dúctil plataforma política del resto de las agrupaciones participantes. Ayudará, también, la disminución en el número de partidos coligados. Pero el nuevo pacto comparte con su antecesor idéntico pecado original: se funda, ante todo, en la repartición de cargos.
La alianza defenestrada tenía demasiados integrantes, excesivamente lejanos en el campo ideológico y dos grandes fuerzas con aspiraciones de mando, equilibradas en número e irremediablemente distantes en sus visiones del país. Le fue imposible construir un programa, y su único ofrecimiento concreto, la reforma al reglamento legislativo, engruesa el amplio catálogo de las promesas incumplidas.
Frente a ese ensayo de incoherencia e irresponsabilidad política, el nuevo pacto podría confundirse con un programa. Hay objetivos concretos, ambiciosos en comparación con la nada de su antecesor, pero no llegan a sumar un programa ni se revela en ellos un sustrato de pensamiento orientador, suficiente para darle columna vertebral a la gestión legislativa.
Es, de nuevo, el triste producto de la atomización política y su reflejo en el primer poder de la República. Si ayer asistimos al espectáculo de los disímiles aliados estorbándose entre sí y amenazándose con abandonar la alianza si no se les permitía votar los proyectos de su interés, siempre con apoyo del supuesto adversario liberacionista, hoy somos testigos del mando entregado a un partido minúsculo, en todo dependiente de la fuerza política que le permite figurar a cambio del control de la comisiones legislativas y la oportunidad de derrotar a sus más enconados rivales.
Hace unas semanas, el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) se oponía a la reforma tributaria en cuya aprobación el Gobierno invirtió un enorme capital político. Hoy, es su aliado y la explicación del cambio reside en el ofrecimiento liberacionista de otorgarle un papel desproporcionado en el Congreso. Como socio menor de la alianza derrotada, el PASE no podía aspirar a la presidencia legislativa, mucho menos a los tres principales puestos del directorio. Supo explotar, entonces, la fragmentación política para constituirse en una minoría que manda, mientras el ejercicio de ese poder no entre en contradicción con el interesado mecenas verdiblanco.
En ese marco, la orientación de la nueva alianza y su contenido programático son secundarios. El pacto de “gobernabilidad” suscrito entre el Partido Liberación Nacional (PLN), el PASE y los diputados cristianos es prolijo en reiterar temas de procedimiento y disponer la distribución de puestos. Como la alianza anterior, enfatiza la necesidad de reformar el reglamento legislativo, pero en lo sustancial se restringe a comprometer el apoyo para los cuatro proyectos de “responsabilidad con las finanzas públicas” promovidos por el Gobierno y deja lo demás en una nebulosa.
No se sabe, por ejemplo, cuáles proyectos impulsará el PASE. Solo se prevé el apoyo de los liberacionistas para que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias las iniciativas de su interés. El contenido de esos proyectos es un misterio, porque solo aparecen descritos como promotores de los derechos humanos de los discapacitados y la salud pública, “con un alto contenido humanista”.
La reforma al reglamento legislativo es un paso importante en busca de la gobernabilidad. La prominencia del tema en los paupérrimos planes de acción política de ambas alianzas dice mucho de la crisis institucional del país. También son importantes los proyectos encaminados a mejorar la situación fiscal y aumentar la recaudación de los impuestos, pero la gobernabilidad es un problema mucho más profundo. Queda patente cuando un partido como el PASE, ayuno de programa, base política y representación suficiente, logra aprovechar la desesperación del estancamiento para alzarse con el gobierno del primer poder de la República.