El diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), propone cerrar un grupo de instituciones del sector social y, al mismo tiempo, mantener hasta el último céntimo del presupuesto dedicado a combatir la pobreza. No es una propuesta de ahorro, sino de eficaz ejecución de los fondos dedicados a ayudar a los más necesitados. Con menos burocracia y duplicación de funciones, mayores serán los recursos disponibles para luchar contra la pobreza.
Apenas recibieron noticia del ingreso del expediente 19.834 a la corriente legislativa, los defensores del privilegio en la función pública anunciaron su oposición absoluta e intransigente. La prioridad de esos sectores es defender la existencia de las instituciones como fuente de empleo y beneficios para sus afiliados, no combatir la pobreza o procurar la eficaz inversión de los fondos públicos.
En América Latina, Costa Rica es uno de los países con más gasto social. El 20% de nuestro producto interno bruto (PIB) tiene ese destino, pero poco más de la quinta parte de la población sigue en la miseria. Los estudiosos ya están cansados de insistir en la suficiencia de los recursos disponibles para enfrentar el problema.
La burocracia defendida a ultranza por los paladines del privilegio es directamente responsable del contraste entre el esfuerzo desplegado y los malos resultados. Cuando acometen la tarea de explicar el problema, los estudiosos señalan diversas falencias, incluida la existencia de fugas y beneficios mal concedidos, pero ninguno deja de advertir las duplicidades y desperdicios burocráticos.
Hay 34 programas importantes, administrados por 22 instituciones. La dispersión crea oportunidades para el desperdicio y el abuso. La descoordinación institucional y la duplicación de funciones satisfacen la voracidad de la burocracia, pero contribuyen a mantener al 20% de la población en la pobreza, pese al crecimiento anual de los recursos disponibles.
Entre el 2010 y el 2015, los fondos dedicados a combatir la pobreza aumentaron, en términos reales, un 14,5%, pero la pobreza extrema creció del 5,8% al 7,2% de la población. La pobreza, como un todo, se mantuvo en los niveles ya tradicionales, siempre rondando el citado 20%.
No obstante, los adalides del privilegio insisten en preservar el estado de cosas. El Estado, para ellos, es una fuente de empleos y beneficios para los agremiados, base sobre la cual descansan su poder político y sus beneficios. Lo importante es tener más agremiados, no menos pobreza.
Solís los ha puesto en aprietos al insistir en el imperativo de no ahorrar un céntimo. ¿Cómo justificar la preservación del statu quo institucional, responsable de tanta miseria, cuando los impulsores del cambio solo pretenden mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, atendiendo el diagnóstico de los estudiosos?
El legislador propone cerrar el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah). No plantea eliminar las funciones de esos organismos, sino trasladarlas, con los fondos correspondientes, a un Ministerio de Asistencia Social (MAS), menos burocrático y más ágil, capaz de eliminar la dispersión y el desperdicio. La nueva entidad también tendría a su cargo el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
La propuesta prescinde del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), cuyas tareas pasarían al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), cuyas funciones le serían asignadas al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
El planteamiento merece estudio detenido, no rechazo a priori. Los problemas del sector social están de sobra diagnosticados. Si el proyecto no los resolviera en su totalidad, cuando menos abre la discusión sobre una reforma indispensable para mejorar la calidad de vida de los más necesitados.