Con cierta periodicidad, las acciones de los criminales apuntan a un cambio cualitativo en la delincuencia. Cuando tres pistoleros ingresaron al hospital Tony Facio, en Limón, el 10 de mayo del 2007, para completar su venganza contra un rival, el país quedó advertido de los nuevos niveles de organización y violencia alcanzados por pandillas generalmente dedicadas al tráfico de drogas.
A partir de entonces, el brazo de la delincuencia ha vulnerado los recintos hospitalarios en demasiadas oportunidades, tantas como para obligar a la Caja Costarricense de Seguro Social a adoptar medidas adicionales de seguridad. Detectores de metales y cámaras de vigilancia están entre los medios necesarios para encarar un fenómeno en otras épocas impensable.
Los delincuentes atacan en grandes centros de salud, como el hospital Calderón Guardia, o en clínicas como la Marcial Fallas, en Desamparados. En el primero, un pandillero armado entró hasta la sala de “shock” para asegurarse, pistola en mano, de la muerte de un enemigo. En la segunda, la Policía se vio obligada a establecer un perímetro para proteger al personal y los pacientes de grupos de pandilleros que se enfrentaban para definir la suerte de dos heridos que recibían atención en el área de emergencias.
Se trata de fenómenos aislados, dice la Caja, pero sus funcionarios admiten preocupación. La institución podría aumentar los 4.200 oficiales de seguridad con que cuenta, 700 de ellos contratados con la empresa privada. Francisco Cordero, director de la Fuerza Pública capitalina, confirmó los temores y dijo haber aconsejado a la Caja la elaboración de un protocolo de seguridad.
La clave de las declaraciones de Cordero es el señalamiento de que las nuevas medidas deben ser acordes con la “evolución de la criminalidad”. El policía tiene razón, por supuesto, pero la constatación de ese movimiento evolutivo exige mucho más que instar a los hospitales a mejorar su seguridad. La Fuerza Pública es la primera llamada a evolucionar al ritmo de los nuevos retos y siempre con el objetivo de cortar el desarrollo de las innovaciones delictivas.
La Policía ha ensayado diversas modalidades de vigilancia, algunas de ellas probadas en otras latitudes, donde se demostró que es posible recuperar el control, pero los recursos disponibles no siempre acompañan los esfuerzos. Luego de una dramática comparecencia del ministro de Seguridad, Gustavo Mata, en la Asamblea Legislativa, los diputados apuraron el restablecimiento del impuesto a las personas jurídicas para paliar las difíciles condiciones de funcionamiento de la Fuerza Pública. La Sala Constitucional ya resolvió la consulta sobre la compatibilidad del impuesto con la Carta Magna.
El camino quedó despejado para allegar nuevos recursos al Ministerio, pero el tributo apenas vendrá a reponer el 8% perdido por Seguridad en el presupuesto nacional, donde gastos menos racionales no han sido tocados por temor a las repercusiones políticas y a la reacción de grupos organizados.
Las consecuencias pueden ser graves, a juzgar por nuevos tipos de delincuencia que apuntan a una preocupante evolución. En el campo del narcotráfico, del cual derivan las pandillas, guerras territoriales y el sicariato, el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene reservas sobre la suficiencia de la inversión para sostener los esfuerzos policiales dado el deterioro fiscal del país. Costa Rica debe ordenar sus prioridades para preservar las condiciones que permiten a la ciudadanía vivir en paz y a la economía atraer inversión y turismo, entre otros elementos necesarios para el desarrollo.