La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) cumple una función económica y social clave. Su esencia es conciliar, con el mayor equilibrio posible, los requerimientos de ciertas instituciones o empresas que proveen servicios de gran importancia en condiciones monopólicas o de insuficiente competencia, y los intereses de sus respectivos usuarios y el país en general.
Por un lado, la Aresep debe tomar en cuenta las necesidades particulares: crear condiciones para que las instituciones o empresas prestatarias cubran los costos reales de sus operaciones y eventuales inversiones, y generen una utilidad razonable para el Estado o sus propietarios particulares. Pero también debe velar por las necesidades generales y garantizar al público tarifas justas y servicios oportunos y de calidad. Esto es algo que no solo impacta de manera directa en el bolsillo de los consumidores; también incide en los costos de producción nacionales y, por ende, en la competitividad del país y su capacidad de generar riqueza.
Tales funciones se basan en su ley de creación, aprobada en 1996, y han venido ampliándose y consolidando desde entonces, debido a reformas, otros textos legales, nuevas condiciones en los mercados de servicios y decisiones administrativas. Una de las más importantes fue el establecimiento, en el 2013, de intendencias especializadas por áreas, lo cual mejoró sustancialmente sus competencias técnicas y de fiscalización. La Aresep es hoy una institución mucho más vigorosa, competente y determinada a cumplir su misión. No extraña, entonces, que sea frecuente blanco de críticas de los representantes de algunos de los prestatarios de los servicios regulados.
Las críticas o los reclamos son naturales; incluso, las acciones legales cuando alguna parte se considera injustamente afectada por sus decisiones. Lo que resulta en extremo preocupante es cuando esas acciones se usan no para reivindicar derechos, sino para amedrentar a la institución o a sus funcionarios; peor aún, cuando se acude a las presiones e, incluso, a los ataques virulentos y hasta las amenazas para lograr esos mismos fines.
Que Recope acuda a los tribunales para evitar que la Aresep cumpla con su ley y rechace cargar al costo de los combustibles las prebendas de su convención colectiva, es una acción irresponsable de la administración, pero al menos se ha encauzado por las vías normales. Que el gremio beneficiado por esa convención, aliado a un pequeño grupo sin real apoyo popular, paralice servicios para presionar en el mismo sentido, es inaceptable. Que el Poder Ejecutivo, como parte de un acuerdo innecesario para frenar una huelga prácticamente inexistente, acceda a presionar políticamente a la entidad –aunque disfrace la presión de “herramientas legales pertinentes”– es, simplemente, alarmante.
Pero las presiones también han surgido desde otras instituciones o grupos. El Instituto Costarricense de Electricidad reclamó ante los tribunales una multa impuesta por prácticas “monopolísticas anticompetitivas”, pero, además, ha pretendido dar la imagen de que, al hacerlo, la Aresep se convirtió en aliada de intereses “privados” (de otras compañías de telecomunicaciones) en contra de los “públicos” (el ICE). Es una consigna impulsada con mayor virulencia por algunos de sus sindicatos que, simplemente, quieren desacreditar a la Autoridad.
Los autobuseros, por su parte, se han valido de la dualidad de funciones entre el Consejo de Transporte Público –en el cual tienen representación directa– y la Aresep, para limitar su capacidad de hacer vinculantes una serie de decisiones que mejorarían sustancialmente los procesos de adjudicación de rutas, calidad de los servicios, control de costos, todo ello en beneficio de los usuarios.
En todos estos casos, los intereses corporativistas, no importa que estén representados por instituciones estatales o empresarios privados, se quieren imponer sobre los colectivos. Aresep existe, entre otras cosas, para evitar que tal cosa ocurra. Por esto, merece el apoyo de la ciudadanía; también, de los dirigentes políticos y gubernamentales que tengan claridad sobre sus tareas y responsabilidades hacia el bien común. Lamentamos que este no parezca ser el caso del gobierno, y que, de nuevo, se haya plegado a las presiones de un gremio en detrimento del bien común.