El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) designó a un equipo de ingenieros sin experiencia en la construcción de carreteras para supervisar la conclusión de la vía entre Sifón y La Abundancia de San Carlos. Solo uno de los profesionales tiene dos años de práctica en la materia, pues todos se han dedicado a desarrollar proyectos hidroeléctricos.
La viceministra de Infraestructura Giselle Alfaro se mostró sorprendida porque la supervisión exige conocimientos específicos, como parece obvio. El propósito es hacer evaluaciones técnicas del trabajo de la constructora Sánchez Carvajal, encargada de la obra valorada en $220 millones.
La sorpresa de la funcionaria pudo haberse evitado si el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no hubiera eliminado el requisito de experiencia en construcción de puentes y carreteras para otorgarle al ICE el jugoso contrato por ¢2.131 millones, monto superior en ¢931 millones a lo presupuestado en el 2014.
El ICE empleará a 35 funcionarios para la supervisión de la carretera. La firma Vieto-Fonvar-Topytur, supervisora de las obras entre el 2011 y el 2014, cuando venció su contrato valorado en ¢931 millones, empleaba a 17 personas. La carretera tiene un 81% de avance, pero la viceministra justifica el aumento de personal por la aparición de necesidades adicionales.
Por su parte, el ICE guardó silencio cuando se le formularon preguntas sobre el contrato suscrito con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), adscrito al MOPT. El contrato está bajo análisis de la Contraloría General de la República, entre otros motivos, porque existen objeciones a la contratación de la empresa de electricidad y telecomunicaciones para desarrollar obras ajenas a los fines que le fija la ley.
El 4 de agosto, la Procuraduría General de la República emitió un pronunciamiento contra la incursión del ICE en otros campos mientras la Asamblea Legislativa no reforme la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (N.° 8.660) y el decreto ley que dio origen a la empresa estatal.
El 14 de setiembre, la Contraloría se refirió a los negocios entre el ICE y el MOPT: “Ambos sujetos de contratación deben contratar en el marco de sus respectivas competencias, motivo por el cual no es admisible que una entidad pública, sujeta al principio de legalidad, aparezca obligándose a prestaciones que escapan de su ámbito competencial”.
No obstante, el gobierno insiste en encontrar la forma de ejecutar las contrataciones. Solo así se explican las contradictorias declaraciones de la viceministra Alfaro. Luego de confirmar la necesidad de emplear personal con experiencia en carreteras para supervisar la construcción de la vía a San Carlos y alegar desconocimiento del perfil de los profesionales asignados a la obra, insistió: “Nos interesa el ICE por la experiencia que ha creado en la administración de proyectos”.
Tanto interés existe en la “experiencia” de la empresa estatal que el requisito de práctica en materia de puentes y carreteras, incorporado a la licitación publicada por el Conavi en el 2014 cuando procuraba sustituir al supervisor de la vía a San Carlos, desapareció apenas hubo oportunidad de contratar al ICE.
No sobra señalar que la experiencia acumulada por la empresa estatal en administración de proyectos incluye una sucesión de traspiés, como el data center de Guatuso, las inversiones en TV sobre IP y Cable Visión, los exorbitantes costos de Balsa Inferior, los constantes reveses de Radiográfica Costarricense y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la extraordinaria imprevisión puesta en evidencia por una correntada del río Reventazón, cuyos daños la institución asumió por falta de una póliza de seguros para proteger los $250 millones invertidos hasta ese momento.