Los recursos destinados a combatir la pobreza crecen de manera consistente, pero los índices no mejoran. El país está condenado, desde hace muchos años, a tener a una quinta parte de su población en condiciones deplorables, no importa el aumento en el gasto de los programas sociales.
El tema no es novedoso y se le han dedicado importantes y esclarecedores estudios a lo largo del tiempo. En el 2006, Juan Diego Trejos, investigador de la Universidad de Costa Rica y la Academia de Centro América, adoptó una pregunta, a manera de título, para un extenso análisis del problema: “¿A quién beneficia el gasto social?”. La respuesta fue sorprendente.
No todo el elevado gasto social de Costa Rica beneficia a los menos afortunados y buena parte lo disfrutan personas alejadas de la pobreza. Un ejemplo son las pensiones de Hacienda. El régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social cumple fines indiscutiblemente redistributivos, porque crea ingresos para sectores de la población que quedarían desamparados en la ancianidad, pero los regímenes de privilegio producen efectos regresivos. Sus beneficiarios no pertenecen a los sectores menos favorecidos. Sin embargo, participan con fuerte impacto en el gasto social.
También vale el ejemplo de las universidades estatales, donde alumnos salidos de costosos colegios privados cursan estudios por una fracción de su valor real. Esos costos de matrícula son regresivos, al contrario de los programas de nutrición, comedores escolares y las escuelas públicas.
Otros estudios han revelado el porcentaje del dinero destinado a gastos sociales que no llega a las poblaciones meta, pues queda atrapado en la frondosa burocracia desarrollada para combatir la pobreza. Pese a los esfuerzos para mejorar la calidad de los registros de la población necesitada, todavía hay deficiencias, duplicación de esos esfuerzos y contradicciones entre las decenas de instituciones y programas encargados de combatir la pobreza. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto capital invertido llega finalmente a sus destinatarios.
En el 2010, Ronulfo Jiménez y Víctor Hugo Céspedes, investigadores de la Academia de Centroamérica, publicaron el estudio Hacia el fortalecimiento de las políticas de combate a la pobreza en Costa Rica , en el que hicieron un inventario de los 34 principales programas alineados con ese objetivo, bajo la regencia de 22 instituciones.
El Informe sobre el Estado de la Nación también ha señalado la dispersión de las políticas universales y selectivas, que no comparten bases de datos y, en consecuencia, duplican esfuerzos o seleccionan beneficiarios ayunos de las condiciones estipuladas para recibir ayuda.
Según Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, los recursos destinados a combatir la pobreza alcanzarían si se corrigieran la descoordinación y la duplicación. Costa Rica es una de las naciones latinoamericanas con más inversión social, pero la reducción de la pobreza no es proporcional al gasto.
Juan Diego Trejos, del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, añade al complejo panorama la dificultad enfrentada por los más necesitados para obtener ayuda en virtud del desconocimiento de los programas o su ubicación en lugares apartados, donde el acceso a las oficinas públicas se hace mucho más difícil.
El camino para mejorar los efectos de la inversión en la lucha contra la pobreza está claramente señalado por los estudiosos del tema, pero, en palabras de Natalia Morales, cada cuatro años, el nuevo Gobierno pone en práctica su plan “estrella”, crea otros programas y da marcha atrás a los logros de la Administración anterior. Mientras tanto, la esencial reestructuración del sector social y el desarrollo de los registros indispensables para identificar a los necesitados quedan como tareas pendientes. Ojalá que el Gobierno que está a punto de comenzar decida poner fin a ese círculo vicioso.