La elección de Contralor y Subcontralor de la República, en abril próximo, no es un simple rito legislativo o un pugilato político. Es una decisión de altos quilates legales, técnicos y éticos para la marcha correcta del Estado en el campo de las finanzas.
La propia Constitución Política especifica las funciones y cometidos de la Contraloría General de la República. Este solo hecho determina su poder y su majestad. Sus deberes y atribuciones son del más elevado linaje y repercusión en el desenvolvimiento del Estado: fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos nacionales; examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas, así como fiscalizar su ejecución y liquidación; informar a la Asamblea Legislativa sobre el movimiento anual del año económico, con detalle de las opiniones y sugestiones que considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos, así como examinar, glosar y fenecer las cuentas de los fondos públicos.
El poder fiscalizador de la Contraloría representa la conciencia del pueblo en la vigilancia de la hacienda pública. Por algo el constituyente la convirtió en institución auxiliar de la Asamblea Legislativa. De aquí la importancia capital del acierto en la designación del Contralor y del Subcontralor, principalmente a la luz del problema número uno del Estado costarricense en estas dos últimas décadas: el frenesí del gasto público, escoltado por dos fenómenos en extremo preocupantes: la corrupción y el despilfarro, entendido este como irresponsabilidad o negligencia en la administración de los recursos públicos.
Ante esta realidad palmaria, causa de indecibles sufrimientos y privaciones en el orden social y económico, cabe preguntarse cómo ha ejercido la Contraloría sus potestades indeclinables de fiscal de la hacienda pública. Si el gasto público ha sido exorbitante, por irracional y disparatado, durante tanto tiempo, peor aún, si ha tomado carta de ciudadanía la cultura del derroche, ¿qué lote de responsabilidad le incumbe a la Contraloría? ¿Ha sido esta el cancerbero vigilante o los gobiernos y la Asamblea Legislativa han desoído olímpicamente sus recomendaciones y críticas? Y si han puesto oídos sordos a sus llamamientos al orden, ¿es porque la Contraloría ha hablado con voz tenue o porque, desairada, no respondió con mayor vehemencia y hasta rudeza? ¿Cuándo la Asamblea Legislativa ha discutido los informes de la Contraloría, junto con "las opiniones y sugestiones" de sus jerarcas "para el mejor manejo de los fondos públicos", como lo indica la Constitución Política? En suma, ¿por qué, en medio del prolongado festín de Baltazar del gasto público, la Contraloría, en su calidad de fiscal de la hacienda pública, no habló con voz pujante y hasta insoportable?
Los contralores han de mostrar acendradas credenciales de integridad moral, de preparación, de independencia y --condición fundamental que se olvida con frecuencia-- de carácter. No caben, en consecuencia, en esta designación la vanidad del triunfo partidista o la satisfacción del amigo o del copartidario, sino un acuerdo ejemplarizante para seleccionar a los mejores. El sector público está impregnado de laxismo, clientelismo e ineficacia. La reforma del Estado está condicionada, por ello, inevitablemente a la excelencia sin fisuras de los altos jerarcas. Los contralores se encuentran en primera línea.