La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) decidió no referirse, públicamente y en detalle, a las explicaciones exigidas por la Contraloría General de la República sobre la factibilidad de seguir adelante con la construcción de una nueva refinería y el impacto en sus finanzas de la inversión hecha hasta ahora, en asocio con una firma china.
La empresa estatal aduce la existencia de investigaciones en curso, incluyendo una del Ministerio Público. Las razones no son de recibo. Un funcionario público o cualquier otro costarricense tiene derecho de abstenerse de dar explicaciones mientras se le investiga, pero el mismo derecho no le asiste a una institución como tal.
De hecho, el Ministerio Público no investiga ni debe investigar a la entidad, porque las personas jurídicas no pueden ser acusadas de delito alguno. La Fiscalía investiga la posible comisión de ilícitos atribuibles a personas concretas y son ellas las asistidas por el derecho a no declarar ni referirse públicamente al asunto bajo investigación.
No puede ser más obvio, entonces, que, si Recope se abstiene de informar con detalle alegando la investigación pendiente en el Ministerio Público, lo hace en defensa de sus funcionarios y de las muy personales responsabilidades que les puedan ser atribuidas. La confusión entre la función, el funcionario y el desempeño institucional es inadmisible.
Recope no solo le debe explicaciones a la Contraloría, sino al país y, en concreto, a la ciudadanía, de la cual la refinadora, en última instancia, es propiedad. Lo sucedido con la proyectada refinadora no puede ser ventilado exclusivamente en los despachos estatales. La ciudadanía es la primera titular del derecho a saber y la institución no debe escudarse en la existencia de procesos de investigación dirigidos a sentar responsabilidades individuales, si las hubiera.
El silencio de Recope solo aumenta las dudas, de por sí importantes. El país debe saber hasta dónde se estima posible continuar con el proyecto y cuál ha sido su efecto sobre las finanzas de la institución. No tiene por qué enterarse una vez concluidas las investigaciones de la Contraloría. Para entonces, el debate público podría ser inoportuno o irrelevante.
La Contraloría, es preciso recordarlo, aprobó aportes adicionales de capital a la empresa conjunta creada para desarrollar la refinería cuando ya eran visibles las razones posteriormente esgrimidas para frenar el proyecto. Fue el debate público el que primero hizo notar las inconsistencias, aunque tampoco en aquella oportunidad Recope se distinguió por la apertura al examen público.
Recope giró $50 millones a Soresco, la empresa fundada en conjunto con la firma petrolera estatal china, para desarrollar la refinería. Ahora, la Contraloría tiene entre los objetivos de su fiscalización “verificar la capacidad financiera de la empresa pública para hacerles frente a los aportes hechos”.
El tema es de importancia nacional porque el resultado, tarde o temprano, incidirá sobre los precios de los combustibles pagados por todos los ciudadanos, sin excepción, sean usuarios del transporte público, propietarios de vehículos o, simplemente, consumidores de artículos sobre cuyo precio incide el costo de los combustibles.
Por lo pronto, la inversión en Soresco no ha sido considerada en los estudios tarifarios, pero alguien terminará pagando su importe. Según Juan Manuel Quesada, intendente de Energía en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), “la información está siendo analizada, junto con la situación financiera de Recope, en función de la fijación tarifaria”.
René Castro, Ministro de Ambiente y Energía, explicó que el proyecto no ha muerto. Existe un plan sustitutivo que incluye “una matriz mixta de combustibles fósiles, así como biocombustibles”. Es muy poca información para alimentar un debate significativo, aunque la historia reciente demuestra su utilidad.