Desde que asumió el poder, en mayo pasado, la Administración Solís externó dudas sobre la idoneidad económica y técnica de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudis). Al principio, adujo falta de recursos en el presupuesto para el 2014, responsabilidad del Gobierno anterior, y, más tarde, cuestionó la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo.
Más allá de los obstáculos en la gestión administrativa de los Cecudis, que podrían ser resueltos, en realidad se trata de un asunto político, no solo económico, y de un abordaje distinto de los problemas de la desigualdad social.
La ley 9220, aprobada el pasado 4 de marzo, crea la Red Nacional de Cuido Infantil y garantiza su financiamiento parcial con un 4% del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). El resto del presupuesto puede ser cubierto con aportes del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), tal como hizo la Administración Chinchilla con lo que consideró su programa estrella. El nuevo Gobierno se ha mostrado cauto al comprometer recursos de otras fuentes, en un plan heredado, y ha dado claras señales de que desea reorientar su inversión social.
Para Carlos Alvarado, ministro de Bienestar Social, la partida de Fodesaf no alcanza para cubrir los costos del programa y dejaría al descubierto ¢5.000 millones en el 2015, que se duplicarían al año siguiente. Estos montos, que la Administración Solís se ha cuidado de presentar como un déficit, fundamentan un cuestionamiento más amplio sobre la operación de los Cecudis.
De acuerdo con los jerarcas actuales, no hubo ningún estudio técnico que avalara la inversión de ¢17.000 millones que se dio entre el 2011 y el 2013, al construir los primeros 31 centros que están hoy abiertos. Como resultado de esta falta de planificación, el 55% de los Cecudis no atiende a poblaciones prioritarias, en zonas de pobreza extrema, o colindan con hogares comunitarios, Cen-cinái e instituciones privadas subsidiadas por el Estado, que cumplen funciones similares.
Esta misma precipitación se dio en los últimos tres meses de la Administración Chinchilla, cuando se inauguró un Cecudi cada cuatro días, sin los permisos del Ministerio de Salud y requisitos mínimos para operar.
En este contexto, suficientemente agravado por la situación fiscal, la continuidad de la Red Nacional de Cuido es difícil y debe someterse a una evaluación sistemática como parte de la onerosa y dispersa política pública en materia social. El actual Gobierno se comprometió a abrir los 25 centros que se encuentran actualmente terminados, pero sin estrenar, y a valorar los 31 que están en construcción.
Este proceso se realizará con el fin de reorientar recursos hacia las 27.000 familias en pobreza extrema que no reciben ninguna asistencia de parte del Estado, y que representan un 50% de la población en esa situación. Además, el IMAS negociará la administración de 18 Cecudis con las municipalidades y otras medidas alternativas para darle sostenibilidad al programa.
A pesar de sus posibles desaciertos, la Red Nacional de Cuido es un aporte novedoso y significativo a la lucha contra la desigualdad en Latinoamérica, al favorecer la equidad de género, las oportunidades de las mujeres pobres, y un modelo de cogestión en el que intervienen el Gobierno Central, el IMAS, el PANI y las autoridades locales en la administración de las guarderías infantiles. Por lo tanto, debe fortalecerse, mejorarse y ampliarse a las madres solteras y mujeres en busca de trabajo que realmente lo requieren.