La Constitución de Venezuela, promulgada por Hugo Chávez, ya no le sirve a Nicolás Maduro. La oposición la ha utilizado para lograr una mayoría en la Asamblea Nacional y exigir la celebración de votaciones para decidir sobre la permanencia del autócrata en el poder. El régimen utiliza a la obsecuente Corte Suprema de Justicia para anular al Parlamento, pero eso no es suficiente. Pretende cambiar la Constitución.
El anuncio, hecho el lunes, se produjo en medio de un clima de severa inestabilidad, con una economía sacudida diariamente por la inflación galopante, carestía de alimentos básicos y medicamentos esenciales y una tasa cambiaria que se dispara a cada minuto frente al dólar. Por si faltara, los números sobre el crimen violento son quizás los más graves del mundo y la popularidad del gobierno no llega al 20%. Además, las marchas ininterrumpidas de los venezolanos en demanda de la salida de Maduro provocan una represión gubernamental cada vez más violenta.
Mientras el gobernante explicaba a sus seguidores cómo reemplazaría la actual Constitución, miles de manifestantes se abrían paso hacia Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral para exigir la derogatoria de las sentencias dictadas para anular al Poder Legislativo y pedir, una vez más, la convocatoria a elecciones.
El aviso de Maduro sobre una reforma constitucional crispó todavía más los ánimos, sobre todo cuando él mismo describió la propuesta. A tenor de su discurso, la Asamblea Nacional Constituyente no se integrará con representantes de toda la ciudadanía, elegidos por sufragio universal. Por el contrario, será “profundamente comunal, profundamente obrera”. Será, para decirlo con claridad, profundamente chavista.
Maduro afirmó que la Constituyente se conformará mediante elecciones populares, pero adelantó que quedará integrada por trabajadores, agricultores y sindicalistas que, según dijo, han sido la columna vertebral de su movimiento político. El autócrata prometió dar detalles este lunes, siempre y cuando suscriba el decreto para convocar las elecciones. Por supuesto, no previó ningún papel para la Asamblea Nacional democráticamente elegida hace dieciséis meses.
En Venezuela, un círculo de militares administra la importación y distribución de alimentos y otros negocios. También hay crecientes indicios de tráfico de drogas y la represión tiene responsables. Los involucrados preferirán siempre dilucidar la disputa por el poder en la calle, puesto que la democratización del país acabaría con su poder subterráneo.
Quizás por eso Maduro ha oscurecido más su proyecto electoral en los últimos días. Adelantó que estaría dispuesto a celebrar los comicios más tarde en el año y dijo que pronto llamaría a un diálogo con sus “detractores”.
Por su parte, la oposición política respondió que de previo deberán celebrarse elecciones presidenciales legítimas. El gobierno se rehúsa a satisfacer ese reclamo de los opositores, aun cuando tiene el vehemente respaldo de las masas en las calles.
Ese estancamiento, a menudo conducente a la violencia, es la realidad de uno de los países más importantes del hemisferio, con 30 millones de habitantes y una de las mayores reservas de petróleo en el mundo. Pero no durará mucho más. Venezuela parece estar al borde de la confrontación final y una constituyente amañada podría ser el error definitivo del régimen. La comunidad hemisférica debe estar preparada para asistir a los venezolanos y limitar la reacción represiva de su gobierno.
Venezuela necesita solidaridad, como la que se ha venido fraguando en la Organización de Estados Americanos, donde un creciente número de países protesta por los abusos del régimen de Maduro. También necesita ayuda humanitaria, como la contemplada en un proyecto de resolución bipartidista que circula en el Senado de los Estados Unidos para crear un fondo de auxilio inicial de $10 millones con miras a recabar cantidades adicionales de otros gobiernos interesados.