La calificadora de riesgo internacional Moody’s mantuvo el grado de inversión de Costa Rica en su última revisión, pero rebajó la perspectiva de “estable” a “negativa” por el crecimiento de la deuda pública y la incapacidad de aprobar una reforma fiscal para reducir el déficit. Sin duda, una dura llamada de atención.
Es importante reflexionar sobre la recalificación de la perspectiva económica, sin pecar de alarmistas, pero con suficiente realismo. De momento, no se afectarán las entradas privadas de capital, compuestas por inversión extranjera directa e inversiones de carácter financiero –de hecho, el Banco Central ha debido intervenir fuertemente en el mercado de divisas, Monex, para evitar que las cotizaciones desciendan de la banda inferior–, pero eso no significa que en un futuro no muy lejano la situación se mantendrá igual.
El panorama financiero internacional se ha venido complicando. Hemos estado disfrutando de amplias entradas de capital que nos han permitido financiar con holgura la cuenta corriente de la balanza de pagos, gracias a la reducción de las tasas de interés en los mercados financieros de los países desarrollados y la baja rentabilidad de las acciones en las bolsas de valores por efecto de la crisis económica, pero la política monetaria laxa está llegando a su fin.
La recuperación en los EE. UU. ya se inició; la Unión Europea salió de la recesión y el Banco de Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) anunció que pronto empezará a reducir sus compras de bonos e hipotecas y, eventualmente, restablecerá las tasas de interés a niveles normales. Eso implicará un ajuste hacia arriba de las tasas de interés de todos los títulos de deuda –de hecho, ya ha comenzado a suceder– y disminuirán las entradas de capital hacia nuestros países. No nos podríamos dar el lujo de registrar un riesgo mayor.
Moody’s advirtió también que, de persistir el incremento de la deuda y la incapacidad de resolver la situación fiscal, Costa Rica podría perder su grado de inversión en la próxima revisión. Eso sí podría complicar las cosas, especialmente en un contexto internacional más difícil.
El grado de inversión significa, en la jerga financiera, que los inversionistas nacionales y extranjeros pueden hacer sus adquisiciones de bonos oficiales y demás títulos valores, públicos o privados, en el país, sin riesgo de que su redención y pago de intereses se pueda ver afectado por una suspensión de pagos o moratoria internacional, como ha sucedido en el pasado.
Ya el Gobierno de Costa Rica lo hizo una vez, durante la administración de don Rodrigo Carazo, en 1980. La experiencia fue muy dolorosa; significó grandes pérdidas para muchos inversionistas, elevó considerablemente las tasas de interés durante varios años, afectó el crecimiento y aumentó la pobreza.
Si perdiéramos el grado de inversión y tuviéramos que acudir de nuevo al mercado financiero internacional para colocar más deuda con el fin de financiar el creciente déficit fiscal, nos penalizarían con mayores tasas de interés. Eso, a su vez, afectaría el déficit fiscal con mayores partidas para el pago de intereses.
El panorama, a los ojos de Moody’s y, también, de cualquier persona medianamente informada –los inversionistas ciertamente lo están–, es muy claro: Costa Rica debe hacer un alto en el camino de su trayectoria fiscal y acometer una comprensiva reforma de sus finanzas públicas. Afortunadamente, la mayoría de los candidatos de los principales partidos políticos han adquirido plena conciencia de la situación y se han pronunciado a favor de una corrección. En eso concuerdan los candidatos del PLN, PUSC, PAC, ML y FA, según trascendió en la información que dimos a conocer el pasado 25 de setiembre.
No podemos pretender uniformidad en las visiones ni unanimidad en las soluciones, pero, al parecer, hay consenso sobre la necesidad de atacar la expansión del gasto, reducir o eliminar ciertas erogaciones, incrementar ingresos por la vía de reformas a la ley del Impuesto sobre la Renta, atacar las exoneraciones, exenciones y exclusiones de las bases tributarias, y convertir el impuesto sobre las ventas en uno al valor agregado (IVA). Eso daría un respiro al crecimiento de la deuda y podría disminuir el déficit fiscal, pero probablemente sería insuficiente.
Quizás lo más prudente sería acoger el proyecto de reforma fiscal que está elaborando el ministro de Hacienda, Édgar Ayales, como base de discusión y, de ahí, arrollarse las mangas y negociar una reforma en beneficio de Costa Rica. Si lo hiciéramos, no nos cabe la menor duda de que en las próximas calificaciones de Moody’s y las demás calificadoras internacionales saldríamos mejor librados.