La línea editorial de La Nación aboga, desde siempre y sin dejar lugar a dudas, por la disciplina en materia de jubilaciones. Protestamos contra los privilegios indebidos, los beneficios concedidos en atención a la demagogia, no a las realidades financieras, y la administración deficiente de los fondos de pensiones, especialmente el de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Hoy nos toca abogar por una excepción y un beneficio totalmente justificados. La defensora de los habitantes, Monserrat Solano Carboni, emprendió gestiones para convencer a la Caja de adelantar las jubilaciones de trabajadores con síndrome de Down, cuya expectativa de vida es significativamente menor.
No se trata de concederles pensiones por invalidez, sino de reconocer el envejecimiento prematuro de esa población a consecuencia de su condición genética. Así se justifica la jubilación por vejez a una edad cronológicamente más temprana, pero avanzada en términos relativos.
En la actualidad, hay 15 trabajadores con síndrome de Down en el país y la Caja admite que el costo de adelantarles la jubilación es poco significativo. Sin embargo, teme abrir un portillo a otros grupos más numerosos y con similares reclamos. La defensora se muestra escéptica ante la respuesta. “Con un argumento así, eliminemos los derechos de todo el mundo, porque todo abre portillos para cualquier cosa”.
Que lo diga la Caja, cuyas políticas de jubilación anticipada contribuyeron significativamente a la actual crisis financiera del IVM, al punto que la misma institución se vio obligada a cambiarlas para cerrar los portillos abiertos con motivaciones menos nobles que la planteada por la defensora.
El caso del síndrome de Down es muy particular. Permite trabajar y desempeñarse normalmente en muchas otras facetas de la vida, pero, según los especialistas, adelanta el envejecimiento hasta en 20 años. Los quince trabajadores con síndrome de Down identificados por la Defensoría cotizan o han cotizado al IVM como cualquier otro empleado. Lo mismo han hecho sus patronos. Sin embargo, no tendrán igual oportunidad de disfrutar el descanso al final de la vida laboral.
Por eso la defensora afirma: “Esas quince personas que están trabajando y cotizan para el IVM están siendo solidarias con otros que se van a pensionar, en un sistema que con ellos no está siendo solidario”. Solano no oculta su preocupación por la posibilidad de que la Caja esté presionando a esa población para que opte por una pensión por invalidez, más baja que la de vejez.
“No es un tema de beneficencia porque ellos están trabajando. La Defensoría está pidiendo que se les reconozca un derecho. Esta gente se ha ganado la pensión”, manifestó Solano. No hay cómo objetar la justicia del reclamo, especialmente en un país donde tantas injusticias se cometen en materia de pensiones, incluyendo el derecho de jubilación anticipada concedido por regímenes especiales con beneficios multimillonarios.
La posibilidad de recibir otros reclamos no es motivo para negar a un reducido y muy especial grupo de afiliados al IVM la posibilidad de disfrutar la jubilación. Dada la expectativa de vida de quienes padecen síndrome de Down, fijarles la edad de retiro igual que al resto de trabajadores es, en la práctica, negarles el derecho. La Caja debe considerar el planteamiento de la defensora con independencia de otros reclamos posibles. Habrá tiempo para considerar los méritos de cada caso y rechazar, con firmeza, las peticiones menos fundadas.