Tras ocho años sin manifestarse sobre el conflicto israelí-palestino, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el viernes una resolución que, por primera vez en su historia, censura la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados desde 1967, exige que cesen las actividades destinadas a extender la ocupación y reafirma su apoyo a la búsqueda de una salida pacífica a la disputa, sobre la base de dos Estados soberanos. Además, instruye al Secretario General a que le informe cada tres meses sobre la implementación del acuerdo, lo cual implica que, de ahora en adelante, el tema será parte de agenda del Consejo.
El texto, que también condena “todos los actos de violencia contra los civiles, incluyendo los actos de terror”, es claro, vigoroso y sustentado en el derecho internacional. Por esto, el gobierno israelí, lejos de rechazarlo ad portas, como ya hizo el primer ministro Benjamín Netanyahu, debe escucharlo con gran atención y actuar en consecuencia. Se impone que, al menos, revise su política de asentamientos, que no solo es injusta, violatoria del derecho internacional y generadora de resentimiento y conflicto, sino que también se ha convertido en una fuente de creciente aislamiento diplomático para Israel. La resolución del Consejo lo pone de manifiesto de forma contundente.
En esta oportunidad no estamos ante una decisión tomada por una “mayoría automática” de la Asamblea General de la ONU, carente de consecuencias prácticas. La fuente de la actual condena ha sido el órgano que, dentro de la organización, vela por los temas de paz y seguridad, y que tiene potestades de acción y sanción para hacer que sus decisiones se cumplan, aunque a menudo no las utilice.
De los 15 miembros del Consejo de Seguridad, 14 votaron a favor, incluyendo cuatro de los cinco permanentes con poder de veto (Francia, el Reino Unido, Rusia y China) y países con credenciales tan impecables en su apego a la democracia y el derecho internacional como España, Uruguay y Nueva Zelanda. Más significativo aún, Estados Unidos, que sistemáticamente ha ejercido su veto para evitar cualquier iniciativa de ese ente que considere adversa a Israel, optó por abstenerse. Esta decisión evidencia el descontento de la actual administración con la política de asentamientos y, en general, la actitud intransigente del gobierno de Netanyahu.
La política de asentamientos de ciudadanos israelíes en territorios bajo la Autoridad Palestina tiene dos dimensiones. Una de ellas responde al ímpetu de sectores minoritarios de su población, generalmente extremistas en sus credos religiosos que, bajo el argumento de derechos territoriales presuntamente emanados de la Biblia, consideran que tienen la potestad de habitar esas zonas, reconocidas como parte de los territorios palestinos. La otra, con dimensiones más inquietantes, se origina en lo que parece ser una política deliberada, implementada desde el gobierno, para erosionar y hacer cada vez más inviable, mediante el cercenamiento de territorio, la posibilidad de un Estado palestino. Ambas dimensiones se complementan y potencian entre sí y violentan principios básicos del derecho internacional.
Las implicaciones de la resolución del Consejo de Seguridad también deberían ser tomadas muy en cuenta por la próxima administración estadounidense. Resulta en extremo preocupante que, sin ocupar aún la presidencia, Donald Trump pidiera públicamente que Estados Unidos la vetara y que, además, presionara al presidente de Egipto, país que la había introducido inicialmente al Consejo, para que la retirara. Esta última gestión hizo que se postergara la votación, pero otros cuatro países actualmente representados en el Consejo (Malasia, Nueva Zelanda, Senegal y Venezuela) decidieron presentarla para votación.
Somos admiradores y defensores de Israel, por razones políticas, económicas y sociales. A la vez, consideramos que el pueblo palestino tiene el derecho a contar con un Estado viable, que conviva pacíficamente con el israelí. La política de asentamientos desarrollada por el gobierno de Netanyahu conspira contra este objetivo. Que el Consejo de Seguridad, gracias a la abstención de Estados Unidos, al fin la haya condenado y asumido un papel más directo en el tema, es un importante paso hacia una posible solución negociada del conflicto entre israelíes y palestinos, aunque el gobierno israelí diga lo contrario. Por esto insistimos en la necesidad de que Israel la escuche y respete.