El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, anunció el propósito de reforzar el grupo de investigación de la Dirección General de Tributación Directa para indagar, caso por caso, a las personas, las sociedades y los bufetes mencionados en los Panama papers (Papeles de Panamá). La investigación debe ser exhaustiva y los primeros interesados en su ejecución deben ser las empresas y las personas citadas sin fundamento.
El Ministerio Público anunció su decisión de sumarse a la investigación, caso por caso. Esa reacción también es encomiable. Si entre la gran cantidad de nombres de empresas y personas mencionadas en las informaciones sobre los documentos panameños hay alguna merecedora de una sanción penal, las autoridades no pueden perder la oportunidad de imponer condenas y multas ejemplarizantes. Su obligación es investigar cada caso a fondo.
Hay en los documentos situaciones de indudable irregularidad, cuyos autores no deben eximirse de sufrir las consecuencias establecidas por la ley, y si alguna causa estuviera prescrita o hubiera otros motivos legales para no perseguirla, el país tiene derecho, cuando menos, a conocer las faltas cometidas en su contra.
El establecimiento de responsabilidades servirá, también, para salvaguardar el uso legítimo de instrumentos jurídicos útiles para hacer negocios extrafronteras y atraer a nuestro país inversión extranjera directa.
Además, las autoridades anuncian su intención de proponer a Panamá un acuerdo de intercambio de información tributaria para combatir la evasión y elusión fiscal. Esa iniciativa también es digna de encomio, pero es preciso extenderla a otras naciones, aunque no sean paraísos fiscales. Así, de paso, podríamos librarnos de entrar en esa categoría, pues Costa Rica ha figurado en la lista gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La incorporación de Costa Rica a esta última organización, un proceso ya encaminado, debe hacerse sin dilaciones porque en la membrecía también hay ventajas en materia de fiscalización tributaria y establecimiento de convenios de intercambio de información.
En el Congreso ya hay consenso sobre la creación de un registro de accionistas. Hace varias semanas, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) acordó con el gobierno conformar un equipo de trabajo, con expertos tributarios e informáticos, para examinar las características de ese registro.
Cuando anunció la detallada investigación de la Dirección General de Tributación Directa, el viceministro Rodríguez no omitió expresar una posición equilibrada frente al tema. Señaló que las sociedades en el extranjero pueden crearse con fines lícitos, “lo cual es normal en un mundo globalizado”, pero también han servido, en algunos casos, para “eludir el cumplimiento tributario”.
Esclarecer los hechos, sentar las responsabilidades y fortalecer los mecanismos de fiscalización para impedir el mal uso de personas jurídicas, sean creadas en territorio nacional o en el extranjero, son tareas urgentes del Ministerio de Hacienda, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa.
La oportunidad es propicia para revisar el sistema tributario territorial y cedular vigente en nuestro país y pasar a un esquema donde cada cual contribuya según su capacidad económica, sin posibilidad de eximirse mediante la ubicación de fuentes de riqueza en el extranjero. Los costarricenses tenemos derecho a aprovechar las oportunidades de negocios donde surjan, sea en territorio nacional o en el exterior, así como invitamos a inversionistas extranjeros a venir a nuestro país, pero en el marco de los convenios contra la doble imposición y las regulaciones internas aplicables al mismo fin, cada uno debe retribuir al país según su capacidad. Es injusto recargar el peso del impuesto sobre la renta en hombros de quienes tengan sus fuentes de renta en territorio nacional.