Los diputados reciben 500 litros de gasolina por mes, equivalentes a unos ¢300.000, pero no todos gastan el combustible. Algunos utilizan el crédito para comprar repuestos, pagar servicios de taxi o ayudar a familiares. Quienes así proceden dicen estar a derecho, pues la gasolina es parte de su salario y pueden disponer de ella a su gusto.
Un criterio del Departamento Legal del Congreso le niega al beneficio carácter salarial, pero la ley autoriza el uso discrecional del combustible. Hay duda sobre el alcance de esa discrecionalidad, si se refiere a libre utilización del beneficio para trasladar al legislador hasta donde lo necesite o si puede disponer de él en cualquier forma.
En criterio de un diputado, el combustible es salario en especie y los beneficiarios pueden darle el uso que les parezca más oportuno. En ese caso, los legisladores estarían en libertad de poner la gasolina en venta. Sería difícil entender, entonces, por qué el Estado prefiere pagarles en especie, si los costos son idénticos.
La justificación más coherente del beneficio es facilitar a los legisladores el desplazamiento, pero esa lógica se rompe si pueden disponer de él como prefieran. Extraña, además, que el supuesto pago en especie no se tome en cuenta para calcular los aumentos salariales o las cargas sociales.
Si se trata de salario, nadie debe pedir cuentas a los legisladores sobre el destino del combustible, pero el valor del beneficio debería ser tomado en cuenta para estimar los aumentos salariales y las cargas sociales. La omisión de incluirlo en el cálculo rozaría con la ley de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sería, además, una mala política, urgida de cambio. El Estado no tiene por qué pagar a los legisladores en especie y la falta de cualquier lógica detrás de la medida se presta para generar inconvenientes cuestionamientos.
Si, por el contrario, se trata de un beneficio concedido para facilitar las labores del legislador, aunque sea disfrutado con total discrecionalidad, algunos de los usos acostumbrados estarían totalmente fuera de orden. El tema es objeto de debate y la sugerencia del expresidente del Congreso, Víctor Emilio Granados, de consultar a la Procuraduría General de la República, cobra mucho sentido.
El debate, sin embargo, no estaría planteado si el tema no hubiera sido puesto en conocimiento de la opinión pública por una información de este diario. Para hacer la publicación, era necesario tener acceso a los datos. Hoy, los diputados investigan la fuente de la “filtración” para hallar a los responsables y, posiblemente, sancionarlos. En eso yerran.
El objeto del debate es totalmente legítimo y no podría darse si los costarricenses no estuvieran informados sobre el uso del combustible para fines distintos de los más aparentes, es decir, el desplazamiento de los diputados a su entera discreción.
La discusión es necesaria y de ella debe salir la determinación del carácter del beneficio y, si se tratara de salario, la iniciativa de eliminar el pago en especie para hacerlo en efectivo, con las deducciones de ley. Independientemente de la legalidad de los usos ajenos al desplazamiento del diputado, en nada abona a la dignidad del Congreso el canje del beneficio para otros fines.
La búsqueda de la fuente de la información equivale a negar el derecho de los costarricenses a saber cómo se usa el dinero público y valorar si desean mantener la práctica o variarla. Eso es imposible mientras se les niegue acceso a los datos útiles para despejar las dudas.
En lugar de lanzarse a la caza de la fuente de la información sobre los destinos dados al combustible, la Asamblea Legislativa debería promover un debate interno sobre la extraña práctica de cobrar en especie, si de eso se trata, y la conveniencia de erradicarla.