Costa Rica padece un profundo rezago en infraestructura que, además de pasar factura sobre la calidad de vida de los ciudadanos, amenaza seriamente la competitividad y la capacidad de atraer nuevas inversiones para dinamizar la actividad económica. En estos días, las noticias de problemas en las finanzas públicas no cesan. Hay claras dificultades fiscales para atender funciones y programas de gobierno. En medio de esta seria crisis de la Hacienda pública, es necesario preguntarnos cómo financiaremos proyectos claves como San José-San Ramón ($600 millones), San José-Cartago ($350 millones), punta sur San Carlos ($90 millones) o el tren metropolitano ($1.400 millones).
La respuesta es evidente: atraer capital privado por medio de la figura de concesión de obra pública. Los ejemplos exitosos abundan en todo el mundo. Estados Unidos plantea utilizar este mecanismo con intensidad para modernizar una red de infraestructura necesitada de inversiones anuales por más de $300.000 millones (cinco veces el producto interno bruto de Costa Rica). Noruega implementa un programa de concesiones por más de $2.500 millones. En Alemania, la empresa francesa Vinci financiará y gestionará una carretera por $500 millones. Chile adjudicó la concesión de una sección del anillo de circunvalación de Santiago por $700 millones a la empresa italiana Atlantia y Uruguay lanzó un programa de concesión de infraestructura educativa por $400 millones.
Lamentablemente, mientras el mundo avanza con decisión, Costa Rica sigue sumida en un peligroso estado de estancamiento e insiste en enviar señales negativas para la participación activa del sector privado. Mientras el país dedica su tiempo a satanizar la concesión y discutir sobre figuras de fideicomiso que no ven la luz, la prestigiosa revista The Economist, en su publicación Infrascope 2017, nos ubica como uno de los destinos menos atractivos de América Latina para la inversión en infraestructura. Ocupamos una preocupante undécima posición (de 19 naciones evaluadas), muy por debajo de las naciones líderes como Chile y Colombia. Incluso, en Centroamérica, somos superados por El Salvador, Honduras y Nicaragua. El Infrascope 2017 reitera los señalamientos que realizó la OCDE en el informe A Bird-Eye View of Costa Rica’s Transport Infrastructure (La infraestructura de transporte de Costa Rica a vista de pájaro).
Ante este panorama, urgen decisiones para cambiar el rumbo y construir la obra pública necesaria. En primer lugar, es preciso abandonar los dogmas ideológicos para abrir espacio a los esquemas de inversión privada permitidos por nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley de Concesión y la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo, debemos adoptar una visión estratégica de largo plazo que trascienda administraciones y se blinde del populismo y las ocurrencias. También se requiere fortalecer la capacidad institucional y ejecutar acciones para recobrar la confianza de ciudadanos y potenciales inversionistas. Resulta oportuno, entonces, trabajar en conjunto con instituciones como Comex, Procomer y Cinde, las cuales cuentan con amplias capacidades y probada experiencia en la atracción de inversión, elemento crucial en la coyuntura actual.
Ante el inicio de un nuevo proceso electoral, el país debe demandar de los candidatos propuestas serias, en línea con las mejores prácticas internacionales. El reto es de gran magnitud y ya se acabó el espacio para los facilismos y las “soluciones que no son solución”.