En cadena de televisión, el presidente, Luis Guillermo Solís, llamó a los sindicatos de educadores a deponer la huelga. “Hemos hecho todo lo humanamente posible”, dijo el mandatario. También se quejó por la falta de previsiones ante la posibilidad de contratiempos con el nuevo sistema de control de planillas adoptado por la Administración Chinchilla, pero no ofreció dar marcha atrás.
Hizo bien, porque el cambio no es fruto de un capricho, sino una necesidad impuesta por los abusos, irregularidades y fallas para las cuales se prestaba el sistema anterior. La Contraloría General de la República y la Dirección General del Servicio Civil se pronunciaron, en su oportunidad, sobre la necesidad del cambio.
Rara vez faltan los contratiempos en la adopción de un nuevo sistema informático, en este caso el Integra2. El manejo de la enorme planilla de educación es un tema especialmente complejo. Lamentamos con el presidente la ausencia de previsiones para enfrentar las fallas, pero eso no debe nublar la vista de los avances perseguidos con el nuevo sistema.
El reconocimiento de la necesidad del cambio no elimina el sufrimiento de los maestros a quienes el salario no les ha sido pagado con puntualidad. Como la mayoría de los trabajadores, tienen cuentas pendientes, alquileres, préstamos y gastos cotidianos. La angustia de no poder enfrentarlos y la posibilidad de sufrir, sin culpa, las consecuencias de ser un mal deudor son inadmisibles.
Las discusiones deben centrarse en la solución de esas necesidades apremiantes y no en la conveniencia de adoptar, en este momento, un sistema informático necesario para ordenar el pago de la planilla magisterial y evitar abusos y errores con cargo al presupuesto del Gobierno.
Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), situó el problema en su correcta dimensión cuando afirmó: “No estamos pidiendo un aumento de salario, sino lo justo. El problema es que no llega el dinero puntual”. Si ese es el problema, la solución está en hacer llegar a los maestros los medios para ponerse al día con sus gastos.
El Gobierno ha planteado múltiples posibilidades para conseguir ese fin. Lo ha hecho de buena fe en varias rondas de negociación con los sindicatos magisteriales, cuya intransigencia es manifiesta. Los funcionarios de Recursos Humanos del Ministerio de Educación corren para aplicar los miles de movimientos necesarios en la planilla, el Gobierno se compromete a adelantar dos días el depósito del 28 de mayo y se abstendrá de aplicar sanciones o deducciones salariales por la huelga, que hoy cumple 12 días lectivos.
El Gobierno reconoce la obligación de resolver el problema y las soluciones están en camino. La ausencia de los educadores solo afecta a los alumnos, incluso a 675.000 de ellos, carentes del servicio de comedor escolar. Nada se gana con prolongar la huelga, salvo que sus motivos sean la defensa del viejo y defectuoso sistema o el fortalecimiento político de los sindicatos.
Según la defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, “el movimiento inicialmente tuvo toda su razón de ser. ¿Quién no se va a enojar porque no le llega el salario? Pasamos de un Gobierno a otro. En este Gobierno, doña Sonia Marta ha hecho esfuerzos, y nosotros los hemos acompañado, para tratar de que esto se solucione a la mayor brevedad posible. Ya está solucionado en parte y la ministra pide a los sindicalistas que depongan el movimiento porque ya se van a pagar los tractos faltantes. Ahora elevo la voz por el derecho a la educación. Ya los estudiantes han perdido tres semanas de clases y están justificadas, pero, si en estos momentos el MEP nos dice que humanamente no hay nada más que hacer, es el momento para que recapaciten y vuelvan a las aulas”.
La petición de la defensora y los razonamientos que la respaldan son inobjetables. El único obstáculo persistente es la intransigencia, y ese no es un buen motivo para paralizar escuelas, colegios y comedores escolares.