El presidente, Luis Guillermo Solís, anunció la voluntad del Gobierno de trabajar con la Asamblea Legislativa para poner coto a las pensiones pagadas al amparo de los ruinosos regímenes especiales, construidos a lo largo de décadas de demagogia y repartición de privilegios.
Las pensiones de los exdiputados aumentan al ritmo del 30% anual y, según informó La Nación, podrían alcanzar montos absurdos con el paso de los años. Los 208 exlegisladores incluidos en el régimen reciben, en promedio, ¢5 millones al mes, y la cifra se duplicará cada cinco años, según el Informe Actuarial sobre los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional contratado por el Ministerio de Trabajo.
La reforma también pretende limitar los aumentos a las jubilaciones del Régimen de Hacienda para desligarlos de las alzas salariales concedidas a los funcionarios activos. El sistema aplicado hasta ahora resulta gravoso e insostenible, porque el ajuste de las pensiones contempla los beneficios laborales reconocidos a quienes ocupan el lugar de la persona retirada, incluyendo anualidades y revalorización del puesto.
También se discute la necesidad de reformar el carácter hereditario de las pensiones mientras dura la soltería de los hijos del jubilado. La reforma limitaría la herencia del beneficio a los discapacitados o hasta los 25 años, si el heredero sigue estudiando.
En conjunto, las medidas disminuirían el torrente de recursos del presupuesto nacional dedicado a pagar pensiones en ¢15.000 millones cada año. Como bien dice el viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, “la única manera de contener el pago es actuar sobre las pensiones actuales… que todas crezcan solo por costo de vida”.
El plan es insuficiente, pero constituye un encomiable primer paso. Tiene, también, la virtud de ser practicable. Legisladores de otras fracciones, en particular la liberacionista Sandra Piszk, quien ha tomado la iniciativa en la redacción de los proyectos de reforma, se manifiestan anuentes a respaldar el cambio. La diputada se aventura a pronosticar que, si bien los demás miembros de su bancada no conocen todavía los términos de la enmienda, la apoyarán por su compatibilidad con la línea trazada para la labor legislativa del PLN.
Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, coincide con la urgencia de aprobar los cambios. “Es una vergüenza que existan pensiones que ya de por sí son altas y se incrementen por año un 30%. Es escandaloso que haya sectores que se recetaron pensiones de privilegio”.
La legisladora tiene toda la razón. No existe motivo para mantener a los hijos de un pensionado de Hacienda mientras dure su soltería y limitar el beneficio a los demás hasta los 25 años. Tampoco hay razón para aumentar las pensiones de Hacienda como si se tratara de funcionarios activos y someter a la inmensa mayoría de jubilados a los modestos aumentos aprobados por la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
El socialcristiano Jorge Rodríguez también le augura buena suerte al proyecto de reforma. Tras manifestarse de acuerdo con Piszk y Mora, dijo no prever la oposición de ninguna bancada a la eliminación de los excesos.
Los injustificados privilegios creados a lo largo de décadas ofenden todo sentido de la justicia y no podrán mantenerse por mucho tiempo más sin graves consecuencias para las finanzas públicas y la economía nacional. Es hora de poner límites y el Gobierno haría muy bien en presentar la iniciativa cuanto antes, especialmente si se vislumbra la posibilidad de amalgamar la voluntad de varias fracciones legislativas para darle un trámite expedito.