La variación en el índice de precios al consumidor registrada en el mes de abril (1,4%) fue la más alta de los últimos diez años. Ese incremento, en sí, es una señal de alerta y plantea retos inmediatos al nuevo Gobierno. ¿Cuál será su política económica para enfrentarlos?
El índice de precios al consumidor (IPC) mide las variación porcentual de una canasta compuesta por 260 bienes y servicios, de los cuales el 60% experimentó variaciones al alza en abril. Eso podría interpretarse como un incremento generalizado de precios, que es la forma tradicional de definir la inflación. Si fuera así, habría que determinar si proviene de una expansión de la demanda agregada por consentir políticas monetarias o fiscales expansivas (o ambas), o de otros factores que inciden directamente en los precios, como variaciones en las cotizaciones del petróleo o del tipo de cambio (o ambos).
En la coyuntura actual, pareciera que el incremento en el tipo de cambio experimentado en los últimos tres meses es la causa principal, pero no la única. El aumento en el gasto público y el déficit fiscal también han incidido, pues presionan la demanda agregada y provocan una expansión en los precios.
Las cotizaciones en el mercado de divisas sufrieron un alza del 10% frente a las registradas en el primer trimestre y durante todo el año pasado, cuando la inflación mostró una variación relativamente pequeña. Una devaluación de semejante magnitud se transmite muy rápidamente a casi todos los demás bienes y servicios, principalmente transporte, independientemente de los aumentos en otros factores que inciden en la demanda agregada, como la emisión y el crédito. En otras palabras, la inflación a corto plazo puede responder a una expansión del gasto, o al impulso de factores puntuales como incrementos en el tipo de cambio (o a una combinación de las dos). Las respuestas de política económica pueden, y deben, ser diferentes, pero también pueden combinarse para asegurar una baja inflación.
Ante una expansión de la demanda agregada, deben revertirse las políticas fiscales o monetarias expansivas para restablecer el equilibrio macroeconómico. En cambio, si la presión sobre los precios proviene de incrementos en el tipo de cambio, la política económica debe permitir ajustes en los precios de los bienes y servicios a corto plazo, pues prácticamente resultan inevitables. Pero, a mediano y largo plazo, se debe observar una política monetaria más conservadora para evitar que los consumidores sigan comprando las mismas cantidades de bienes y servicios con mayores precios.
Esa parece ser la respuesta del Banco Central en la coyuntura actual. Consintió ajustes en el tipo de cambio porque el nivel precedente resultaba insostenible, pero recientemente decidió elevar sus tasas de interés para evitar una segunda ronda de aumentos en los precios, en un esfuerzo por contener la demanda agregada. La tasa de política monetaria la incrementó en un punto porcentual, y también provocó ligeras alzas en sus otras captaciones a distintos plazos. Aunque algunos consideran que esos aumentos no repercutirán significativamente en la tasa básica pasiva, la que más incide en las decisiones de ahorro e inversión, creemos que la medida fue un paso en la dirección correcta. Si la mayor inflación reduce la rentabilidad real de las inversiones y estimula el gasto de las personas y empresas, lo procedente es ajustar las tasas de interés. La cuestión es determinar si esos ajustes decretados por el Banco Central fueron suficientes. Eso conduce a la discusión de los retos que enfrenta la nueva Administración para controlar la inflación.
A estas alturas, los principales retos están bastante claros: resolver el problema cambiario y controlar la expansión del gasto del sector privado, por un lado, y, por otro, reducir el déficit fiscal. Ese conjunto de acciones puede resolver los principales factores que afectan la inflación. Pero, además, está el espinoso tema de las expectativas, que dependen mucho de las políticas oficiales y la forma en que las perciben los agentes económicos. Ese es otro de los grandes retos. Si las expectativas de inflación y devaluación no se ajustan rápidamente, el Banco Central tendría que afinar nuevamente sus tasas de interés.
Las políticas económicas hasta ahora enunciadas por los integrantes del nuevo equipo económico no son suficientemente específicas. No se ha dicho claramente cómo se reducirá el déficit fiscal sin recortes fundamentales en el gasto público y sin aprobar nuevos impuestos, ni, tampoco, cómo se modificará el régimen cambiario. De momento, solo se han esbozado ideas generales, algunas de las cuales podrían, más bien, exacerbar las expectativas. Por ejemplo, reducir el ancho de las bandas para evitar ajustes en el tipo de cambio podría convertirlas en una especie de minidevaluaciones, que tendrían el efecto de provocar ajustes constantes en el tipo de cambio y, de hecho, llevar a inflaciones de dos dígitos, como las experimentadas en todo el período en que se aplicaron en el país.
Tratar de controlar los ajustes en el tipo de cambio por esa vía, sin permitir que encuentre su nivel (o niveles) de equilibrio, sería incompatible con la baja inflación experimentada el año pasado. Posponer ajustes en el déficit fiscal y tratar de estabilizar artificialmente el tipo de cambio, a costa de una mayor inflación, sería contraproducente. Implicaría una desprotección del nivel real de los salarios y una traslación de recursos de los que menos tienen a favor de otros. Y esa política no tendría mucho sentido desde los puntos de vista económico y social.