Seiscientos tiros, disparados en el lapso de media hora, en los confines de un barrio alajuelense conformado por tres alamedas y un precario enclavados en una hectárea de terreno son, más que una escaramuza, una guerra. En medio del fuego cruzado, las familias asentadas en Santa Rita de San José saben perfectamente por qué su barrio es más conocido como el Infiernillo.
Las dimensiones del narcotráfico que desde hace años domina la zona también quedan en evidencia por otros hechos insospechados. Allí, en el Infiernillo, hay grupos capaces de mover en pocos meses ¢80 millones por el sistema bancario nacional. Aún más sorprendente es la existencia de cuentas en la caribeña isla de Gran Caimán, a nombre de cabecillas de una banda establecida en la zona.
El Infiernillo se compone de 759 viviendas donde habitan 3.759 personas. Por eso llama la atención otro parámetro útil para aquilatar el problema: las bandas tienen decenas de miembros y los reclutan con el ofrecimiento de ventajas que incluyen alojamiento y recreación, según sospecha la Policía después de encontrar en el sitio a un chiquillo de 14 años, cuya desaparición del INVU Las Cañas había ocurrido un mes antes.
En un solo proceso judicial, los jueces llegaron a condenar a 13 personas, integrantes del “minicartel” de el Infiernillo, cuyo desmantelamiento hace ya 13 años no eliminó el floreciente negocio del narcotráfico. Por el contrario, el asesinato del líder de la organización, cuando salió de la cárcel en el 2010, abrió espacio para el surgimiento de otras dos bandas y desató una lucha por territorio y poder.
Cada grupo controla, con cierta estabilidad, una de las alamedas, pero la situación cambió cuando dos de ellos decidieron sacar al tercero del camino. La alianza la conforman la banda más adinerada y la más joven. La primera es el tronco del minicartel original y la segunda, una de sus ramas, así como el circunstancial enemigo común. El enfrentamiento explica los 600 casquillos recogidos recientemente por la Policía en el sitio.
Los cuerpos policiales incursionan periódicamente en el Infiernillo, pero deben hacerlo con cautela. Las detenciones y decomisos no ponen fin al problema y Francisco Segura, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), más bien teme la complicación surgida en los últimos años con el reclutamiento de menores de edad, como el fugado de su hogar en el INVU Las Cañas.
Los chicos son seducidos con drogas, dinero y comodidades para luego emplearlos en la comisión de crímenes por cuya autoría apenas pagan, cuando se les logra identificar, precisamente por su condición de menores de edad. El experimentado policía atribuye la gravedad de la situación precisamente al reclutamiento de jovencitos violentos y fáciles de manipular.
Edwin Retana, del Ministerio Público de Alajuela, coincide con el director del OIJ: “Hay menores que se están involucrando con armas de fuego. Es un mal síntoma”. Los alcances del nuevo patrón delictivo deben ser analizados con detenimiento, dice el fiscal.
La descripción de las circunstancias hace difícil creer que corresponden a una barriada costarricense, enclavada en la Gran Área Metropolitana. Sangrientas disputas por territorio entre bandas organizadas, fuego cruzado, cientos de tiros, gatilleros juveniles, cuentas bancarias en el Caribe, intimidación de vecinos y testigos, casas de seguridad y malévolas políticas de reclutamiento hacen pensar en otras latitudes.
Pero el problema es nuestro y el Infiernillo no es su único escenario en suelo nacional. En los últimos meses, una guerra entre bandas del sur de San José ha dejado decenas de muertos. En los dos primeros meses de este año, hubo al menos 24 homicidios directamente atribuidos a luchas entre grupos de narcotraficantes. El flagelo también se ensaña con Puerto Limón.
Las zonas afectadas exigen mucho más que una respuesta policial, aunque esa intervención es indispensable. Se ha dicho mil veces, pero es preciso enfrentar las causas últimas del problema, en particular el desamparo de la niñez y la adolescencia. Costa Rica no puede contemplar con indiferencia la pérdida de su soberanía a manos del narcotráfico, siquiera en una hectárea de su territorio.