La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) considera imposible contener el aumento en las tarifas eléctricas durante el plazo de 18 meses solicitado por el Gobierno para concluir el estudio de las alternativas de política energética.
En enero, el régimen de lluvias hará necesaria la generación de electricidad con combustibles fósiles y mantener congeladas las tarifas pondría en peligro la salud financiera del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El problema no está al arbitrio de las autoridades. Por una parte, es producto de las fuerzas de la naturaleza. Por otra, responde a las exigencias de la ley, en este caso, el modelo tarifario vigente.
La única solución planteada por la Aresep para armonizar la realidad con los deseos del Ejecutivo es modificar la metodología de fijación de tarifas para diferir el costo de la energía térmica. No es realmente una solución, sino una posposición de pagos que los usuarios deberán hacer, tarde o temprano, una vez transcurrido el periodo de tarifas estables.
Para conseguirlo, el ICE deberá solicitar a la Aresep la no aplicación del costo variable del combustible (CVC) adoptado para compensar con celeridad a la empresa estatal el gasto en importación de hidrocarburos. La eliminación del CVC obligaría al ICE a presentar, en enero, una proyección anual de gastos para calcular, a partir de ella, una tarifa plana a lo largo del año. Si la tarifa no alcanza para sufragar el costo del combustible, el ICE deberá presentar un ajuste brusco a las tarifas del año siguiente. Además, la institución se arriesga a sufrir desequilibrios financieros por falta de compensación expedita.
El problema, desde luego, no es del ICE, sino de la población nacional. Pese a la fuerte contracción del uso doméstico de la electricidad, los usuarios pagan hoy recibos muy abultados en comparación con el pasado reciente. La industria, por su parte, dice haber perdido 6.366 puestos de trabajo entre enero del 2013 y julio recién pasado. La pérdida es atribuida a la disminución en la competitividad, en buena parte debido al costo del insumo energético. Algunas empresas, dicen voceros del sector, se han visto obligadas a cerrar o, cuando menos, a trasladar a países vecinos procesos cuyo uso de la electricidad es intensivo.
La competitividad de las naciones vecinas en esta materia no puede ser puesta en duda, no solo por la comparación de tarifas, sino, también, por la insistencia de la propia Aresep sobre la necesidad de importar energía para abaratar los precios internos. El último y muy dramático llamado consistió en la sugerencia de cerrar la mitad de las plantas térmicas del ICE y sustituir su producción por energía generada en el Mercado Eléctrico Regional (MER) de Centroamérica.
Durante el último año, las importaciones resultaron más baratas que la generación en cuatro de las ocho plantas térmicas nacionales: Barranca, Moín Gas, Moín III y San Antonio, cuyos costos duplican, en promedio, el de las cuatro instalaciones más eficientes. La importación significó, en el mismo periodo, un ahorro de $8 millones y su costo fue equiparable al de la generación térmica más eficiente del ICE.
Desde luego, las aspiraciones de carbono-neutralidad de Costa Rica no se satisfacen con la eficiencia de las cuatro mejores plantas ni tampoco con la importación de energía térmica. Lo mismo puede decirse del deseo de bajar las tarifas. El país tiene todas las condiciones necesarias para sustituir la mayor parte de la energía generada con combustibles por fuentes limpias y autóctonas. Se ha dicho una y mil veces, pero poco se ha hecho para lograrlo.
La estabilidad de las tarifas, su rebaja y la protección del medioambiente pasan por la necesaria derrota de dogmas y prejuicios que impiden al ICE explotar la geotermia y, a los generadores privados, invertir en proyectos de generación limpia a precios más bajos que los del ICE. Quizá, dentro de 18 meses, los estudios del Gobierno lleguen a la misma conclusión.