A lo largo de la historia, el nombramiento de notarios externos de la banca nacional se hizo a dedo. La oportunidad de designar a amigos o partidarios fue amplia y el premio, jugoso. Los clientes de servicios financieros no pueden escoger al profesional requerido para formalizar préstamos y otras operaciones. Los notarios externos nombrados por los bancos tienen un mercado cautivo y cobran según el monto de las operaciones.
El Banco Nacional decidió cerrar portillos al favoritismo y designar a sus notarios mediante concurso. Para hacerlo, se vio obligado a cesar, en pleno, al cuerpo de notarios externos e invitarlos a participar del concurso. Los notarios demandaron al Banco en procura de una indemnización y la consiguieron en un juicio contencioso-administrativo cuya sentencia está pendiente de revisión en el Tribunal de Casación.
Hay 66 potenciales beneficiados y la suma a repartir entre ellos es de $22 millones. El monto indica las dimensiones de las ganancias obtenidas a lo largo de los años. Es miel sobre hojuelas. Si casación confirma la sentencia, el reducido número de profesionales se llevaría una tercera parte de las ganancias obtenidas, este año, por el banco más grande del Estado.
La indemnización no tiene paralelo en una entidad estatal cuya convención colectiva concede a sus empleados beneficios muy superiores a los esperados en otros empleos, particularmente los de la empresa privada. La convención no rige la relación del Banco con los notarios, pero, si así fuera, la indemnización habría sido menos onerosa, no obstante los privilegios incorporados a la negociación colectiva del Banco con sus empleados.
El Banco, por otra parte, no es la fuente del ingreso de los notarios. Los honorarios, por lo general, los paga el cliente. Además, los notarios no esperan indemnizaciones de quienes acuden a sus servicios en los bufetes, no importa la regularidad del requerimiento.
Los notarios, cuya posible indemnización representaría tan pesada carga para una institución del Estado, es decir, de todos los costarricenses, ni siquiera perdieron los ingresos generados por las operaciones del Banco durante el período transcurrido entre la decisión de poner fin a la relación existente, en julio del 2008, y la actualidad. Unos los conservaron y conservarán en el futuro porque ganaron el concurso abierto para asignar las plazas con criterios más sanos, cuyo imperio debería ser absoluto en la Administración Pública. Otros siguieron prestando el servicio en virtud de una medida cautelar solicitada en el marco del juicio contencioso-administrativo.
Desde el 2009, los mismos notarios recibieron ¢4.400 millones en honorarios por la formalización de operaciones que, en muchos casos, son relativamente sencillas, documentadas en actos notariales sin mayor complejidad, cuya redacción está disponible en patrones existentes y otros formularios.
Uno de los tres integrantes del tribunal que concedió las indemnizaciones se apartó del criterio de la mayoría y asimiló la situación de los demandantes a la de una “élite” privilegiada. Los otros dos, en cambio, emplearon en auxilio de su fallo el extraño argumento de que “en su gran mayoría son personas mayores, algunos adultos mayores, que intempestivamente y con base en un simple comunicado se quedan sin su principal fuente de ingreso, por lo que lo justo es darles la indemnización debida”. Esa justicia, en el grado de $22 millones para 66 personas, no se hace con el grueso de los adultos mayores costarricenses, muy pocos de los cuales han tenido la suerte de ser notarios de un banco del Estado durante años y décadas.
Si se mantiene en pie luego de ser revisada por casación, la sentencia establecerá un precedente cuyo costo final para el Estado es incalculable. El razonamiento podría extenderse con facilidad a otros bancos e instituciones necesitadas de servicios profesionales. No es así como se logra una mejor distribución de la riqueza.