Al igual que otras políticas económicas de la presente Administración, la política agrícola no está suficientemente definida. Hay muchas lagunas y, en el peor de los casos, se vislumbra el retorno a un proteccionismo desfasado, en detrimento del consumidor. Así se desprende de una entrevista al ministro Luis Felipe Arauz, publicada la semana pasada en La Nación .
La entrevista deja entrever una queja por el dualismo de la economía agrícola, con un sector dinámico, eficiente y competitivo, orientado a la exportación, y otro menos eficiente, poco competitivo, protegido y orientado al mercado interno. El jerarca prácticamente se desentiende del primero –que puede defenderse solo, en su opinión–, y promete ayuda incondicional al segundo. Pero, cuando se le repregunta cómo implementaría esa ayuda, y si sería compatible con las prohibiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las respuestas fueron vagas e imprecisas.
Aboga por un cambio de modelo, pues el actual, según su visión, desprotege al productor de bienes esenciales para la dieta de los costarricenses, como arroz, frijoles, leche, cerdos, pollos, hortalizas y frutas de consumo doméstico. Presume, equivocadamente, que esos productores han sido alejados del alero gubernamental. Olvida todos los programas de ayuda directa e indirecta de sus predecesores, incluyendo programas de capacitación, mejoramiento de semillas, crédito concesional y subvencionado de varias instituciones (como las juntas rurales de crédito del Banco Nacional), apoyo a las pymes y demás.
Ignorar ese apoyo no solo es injusto con sus predecesores –quienes, sin duda, se sabrán defender–, sino que plantea un problema estructural fundamental: ¿Debe el país –es decir, los contribuyentes y consumidores– seguir subsidiando directa e indirectamente a productores ineficientes bajo el raído concepto de la soberanía alimentaria? La respuesta es “no”.
El proteccionismo agrícola, en cualquiera de sus dimensiones, tiene un costo para los más pobres, especialmente cuando encarece los productos de la canasta básica. La soberanía alimentaria debe ser redefinida como la posibilidad de proveer a la población alimentos de la mejor calidad y a los mejores precios posibles, ya sea importados o de producción nacional.
Como señalamos en un editorial anterior, el arroz costarricense es el sétimo más caro del mundo. ¿Por qué obligar a los consumidores nacionales a pagar mucho más por el arroz y los frijoles cuando pueden ser importados del exterior a mejores precios y calidades? No tiene ningún sentido. Con niveles de pobreza superiores al 20% de las familias costarricenses, y sabiendo que la pobreza se define como la incapacidad para adquirir los bienes de la canasta básica, tampoco tiene sentido desde el punto de vista social hacer más pobres a los pobres para proteger a empresarios menos eficientes.
Aparentemente, las nuevas autoridades no están pensando en subsidios directos, pero ignoran los subsidios indirectos implícitos en los aranceles impuestos para evitar la competencia del exterior.
El consumidor pobre termina subsidiando a los productores, algunos de los cuales son adinerados, como el caso de muchos arroceros. Tampoco el argumento de que otros Gobiernos subsidian a sus productores es de recibo, pues el nuestro no tiene los recursos para hacerlo. Y, como el Gobierno no puede asumir el costo debido a la situación fiscal, encuentra muy cómodo trasladarlo a los consumidores. Son impuestos que no se registran en la carga tributaria.
La otra vaguedad en las declaraciones se refiere al cambio de modelo. “Hay que valorar si ese es el modelo que se quiere o uno más sostenible, más cercano a nuestras raíces, que los agricultores puedan producir en armonía con la naturaleza y con una rentabilidad que les permita una vida digna y con un desarrollo rural más integral”, dice el ministro. Pero ¿debe garantizarse a los agricultores una “vida digna” con precios elevados a costillas de los consumidores más pobres? ¿Cómo puede ser “sostenible” un esquema productivo permanentemente subsidiado?
El país debe continuar el proceso de ajuste estructural para orientar los recursos a usos más eficientes y productivos, y proteger así a los consumidores, por ser quienes más lo necesitan.