La Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) está enfrascada en una lucha intestina cuyas repercusiones llaman la atención de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). El cuerpo supervisor se sintió obligado a advertir sobre el debilitamiento del gobierno corporativo y los riesgos derivados de la confrontación.
Sobre el conflicto gravita el cuestionamiento de dos créditos concedidos por la institución. Por una parte están los $32,7 millones prestados a Coopelesca para comprar el proyecto hidroeléctrico Aguas Zarcas a la cementera Holcim, que lo tenía valorado en $2,7 millones. El precio total de la venta fue de $35,3 millones y los ingresos de la planta no dan siquiera para pagar las cuotas del préstamo. El director del BCR Alberto Raven también fungió como fiscal de la Junta Directiva de Holcim y en su bufete se hicieron documentos relativos a la compraventa.
Casi inmediatamente después de la publicación de esos hechos en La Nación, Raven y su compañero de directiva, Francisco Molina, se dieron a la tarea de difundir una grabación de Juan Carlos Bolaños, dueño de la importadora de cemento chino Sinocem, y el cuestionado subgerente del BCR Guillermo Quesada.
Los directivos citaron al director de este diario, Armando González, para hacerle escuchar la grabación donde el supuesto Bolaños intenta convencer a Quesada, mediante ofrecimiento de ventajas, de admitir ante los tribunales que el BCR violó el secreto bancario al permitir la filtración a la prensa de documentos sobre el crédito de $20 millones concedido por el BCR a Sinocem. Con el mismo propósito, se reunieron con el diputado Ottón Solís en un restaurante de San Pedro.
“Les dije que, para creerles todo, lo denunciaran por escrito con las pruebas del caso y que, cuando lo hubiesen hecho, me mostraran la carta al presidente. Dicho eso, me puse de pie y me fui del lugar”, relató el legislador, cuya molestia se hizo evidente. Similar respuesta recibieron Raven y Molina del director de La Nación, quien manifestó su interés de publicar el contenido de la grabación cuando Quesada estuviera dispuesto a autenticarlo o lo denunciara ante el Ministerio Público, porque este diario no difunde anónimos.
Para ese momento, según supo La Nación, los directivos ya habían puesto la grabación a discusión de la Junta en pleno durante la sesión 23-17, celebrada el 14 de junio, menos de una semana después de la publicación del caso Coopelesca. Poco después se dio la cita con el director de este diario y el día 17 sucedió el encuentro con Solís.
Tres semanas más tarde, el tema fue denunciado ante el Ministerio Público pero, ya para entonces, la grabación se había difundido por Internet y otros medios de prensa. Cuando conversaron con el diputado Ottón Solís, los directivos le relataron el encuentro con el director de La Nación. Lo mismo hicieron en otras instancias, con lo cual demostraron no tener interés en mantener la reunión bajo reserva.
Casi de inmediato, la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa se interesó por investigar los hechos del BCR, pero el Partido Liberación Nacional (PLN) planteó una moción para centrar las pesquisas en el caso de Sinocem, por el cual se le exigen explicaciones a la expresidenta del Banco, Paola Mora, enfrentada con Raven, directivo cercano al PLN y llamado a dar explicaciones por su papel en Holcim, el Banco y el bufete.
Otros diputados se opusieron a la exclusión del caso de Coopelesca y exigieron, también, una investigación del tema de la hidroeléctrica, tan importante para los usuarios de energía en San Carlos. Esa es la única posición coherente. Los dos temas deben ser investigados a fondo, hasta esclarecer cada detalle de interés público. Ninguno debe opacar al otro. La comisión investigadora debe estar alerta para impedir toda maniobra en esa dirección.
Coopelesca y Sinocem son los dos polos de la confrontación interna del BCR que preocupa a la Superintendencia. En ambos hay alegatos sobre el ejercicio de influencias y otros cuestionamientos. Luego del completo esclarecimiento de los hechos, el episodio debe llamar a una profunda reflexión sobre el manejo de la banca estatal, su gobierno corporativo y el papel de la política y otros intereses en el desempeño de tan importantes instituciones.
El Banco Nacional (BN) y el Banco Internacional de Costa Rica también han sido objeto de serias críticas en meses recientes. Incluso, existe un pronunciamiento de la Procuraduría de la Ética sobre el BN y el gobierno poco ha dicho al respecto. Ojalá la autorizada voz de la Superintendencia sea escuchada, no para extender los mantos del secreto, como pretende la Junta Directiva del BCR contra la jurisprudencia establecida por la Sala IV sino, por el contario, para entronizar la transparencia y la rendición de cuentas.