Al igual que durante su creación, en 1989, el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) se encuentra actualmente amenazado por la intolerancia y estrechez de miras de una parte de la comunidad académica local, la cual tiene injerencia en las decisiones políticas que tome el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sobre el legado histórico de la entidad.
El descenso de la cooperación internacional, para países de ingresos medios como el nuestro, y la crisis global del 2008 llevaron al INBio a la quiebra económica, en el 2013, y a convenir con el Estado el traspaso de sus colecciones biológicas y acervo científico, informático y documental.
El último paso de este proceso fue la compra con recursos públicos del INBioparque –por ¢5.000 millones, aunque se adeudan ¢3.500 millones–, en abril pasado, para evitar el embargo del Banco Nacional. Ambas decisiones, cuestionadas por la Administración Solís, han dado pie a que algunos sectores actualicen sus críticas sobre el INBio y envuelvan en un halo de sospecha todo lo hecho para intentar salvar a una de las instituciones de investigación más prestigiosas de Iberoamérica.
A pedido de la Dirección Jurídica de la Casa Presidencial y del Consejo Nacional Ambiental, que encabeza el mandatario, Luis Guillermo Solís, el Minae y el Servicio Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) iniciaron una investigación sobre la adquisición del terreno, que fue secundada por la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
En una actitud que empieza a ser característica de este Gobierno, mientras el titular del Minae, Édgar Gutiérrez, aseguró que el futuro del INBioparque y de las colecciones son una prioridad para el presidente, la viceministra de Ambiente, Patricia Madrigal, declaró lo contrario, objetó abiertamente la transacción y advirtió que no hay recursos para darles funcionalidad a las instalaciones. Debió añadir que tampoco hay voluntad política de hacerlo.
La Administración Solís está en su derecho de investigar las acciones de los Gobiernos precedentes, sobre todo en cuanto a la asignación de los fondos públicos, pero no a costa de 25 años de impecable trayectoria científica, que ha obtenido el reconocimiento internacional.
Desconocer la trascendencia del INBio y de su fundador, el Dr. Rodrigo Gámez, como referentes mundiales de la investigación biológica, es desconocer el liderazgo que Costa Rica ha tenido en ámbitos estrechamente interconectados, como la conservación ambiental, el uso sostenible de la biodiversidad, la gestión público-privada de los recursos naturales y el turismo ecológico, que nos hacen lo que hoy en día somos como nación.
No deja de ser paradójico que, mientras se pone en entredicho la razón de ser del INBio y la continuidad de su legado, este haya recibido el Blue Planet Prize, considerado el premio Nobel ambiental. Durante un cuarto de siglo, el INBio logró canalizar ¢22.000 millones de la cooperación internacional, que, de otro modo, no habrían llegado a Costa Rica. El resultado está a la vista de quienes quieran observarlo: el país es dueño de la colección de insectos, plantas y hongos más grande de Latinoamérica, clasificada e informatizada en un innovador sistema de códigos de barras.
Rescatar el INBio no es “privatizar los beneficios y socializar las pérdidas”, como algunos han querido verlo, sino completar la tarea que el Estado no pudo acometer hace 25 años por limitaciones presupuestarias, cuando se decidió su creación como organización privada sin fines de lucro.
Este no es el lugar para enumerar todos los aportes prácticos de la institución a la sociedad costarricense, en campos que van desde el médico hasta el forense –de los que se beneficia el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)–. Valga decir que, de la mano con el Sinac, el INBio ha sido clave en la preservación de las zonas de mayor riqueza biológica del país y que tiene un papel trascendental que cumplir en identificar los efectos del cambio climático.
El INBioparque, que ha recibido 1,5 millones de turistas, nacionales y extranjeros, podría seguir siendo un centro de educación ambiental económicamente rentable, si hubiera voluntad política. En uno de los destinos turísticos del mundo más apetecidos, como es Costa Rica, es decepcionante escuchar que la Administración Solís no sabe qué hacer con los 72.000 metros cuadrados del parque, situados estratégicamente en Santo Domingo de Heredia, o quejarse por los problemas de acceso vehicular.
Esperamos que la Administración Solís sepa colocarse por encima de la mezquindad de algunos de sus funcionarios y sepa darles a las colecciones del INBio el lugar que merecen como un espejo del patrimonio natural de los costarricenses.